MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
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La protesta comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas bajo el lema "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro" ante acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027 que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.
Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".
Para el Círculo por el Agua y SCRATS, esta decisión carece de justificación técnica y deriva de la propuesta de incrementar los caudales mínimos en el eje del río Tajo, lo que supone una rebaja de los caudales susceptibles de ser trasvasados.
En concreto, explican que la previsión de disminución de aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería es de 105 hectómetros cúbicos, lo que representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la población.
Los convocantes califican de "paradójico" que el Levante tenga que "seguir luchando" para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso. Así, opinan que esta es una "clara evidencia de que algo se está haciendo mal" en la planificación hidrológica española.
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Por otro lado, advierten de que esta disminución de aportación hídrica a través del trasvase se traducirá en un aumento del precio del agua de boca para los consumidores, porque aumentará la dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto ambiental es mayor.
Con todo, aseguran que las medidas de mejora de la depuración y la modernización de regadíos en la cuenca del Tajo son una evidencia de que la causa de que no se alcance el buen estado ecológico del río no es la falta de caudal, por lo que, a su juicio, "existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España".
Así, acusan al Ejecutivo de haber puesto "entre las cuerdas" al sector agrario que tiene mayor índice de productividad en España, así como de "desestabilizar el futuro de toda la sociedad del Levante", dejando a un lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad y vertebración del territorio.
