VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
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En el banquillo, durante el juicio previsto para el día 27 de diciembre, se sentarán O.A.O.R. y su compañera sentimental M.C.M, de 32 y 24 años, respectivamente, a los que Fiscalía imputa seis delitos de lesiones en el ámbito familiar sobre el mayor de sus hijos, hoy de 4 años; otros tres delitos de la misma naturaleza sobre el menor, que hoy cuenta con 3 años, y un delito de maltrato, con la agravante de parentesco, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Por cada uno de los delitos de lesiones la acusación pide cinco años de prisión--suman 45 años de cárcel--y dos más de privación de libertad por el delito de maltrato habitual, así como la inhabilitación para ejercer la patria potestad durante cinco años así como la prohibición de comunicar y aproximarse a sus hijos durante 13 años.
En concepto de responsabilidad civil, se pide que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, con 5.310 euros al mayor de los niños por las lesiones y la deformidad de clavícula y con más de 18.000 euros al más pequeño, además de con otros 10.000 a ambos por daños morales.
Los acusados llegaron desde su país de origen a Madrid el 25 de diciembre de 2018 a través de un programa de protección a los refugiados de Cruz Roja. El 13 de Marzo de 2019 fueron trasladados a Valladolid, primero a un piso de la calle Neptuno y después a un piso del Paseo Juan Carlos I de la capital.
La pareja, fruto de su relación sentimental, tuvo dos hijos y pese a que por su condición de refugiados les permitía recibir la asistencia sanitaria, sin embargo eran escasas las citas médicas a las que acudían con los niños a pesar de que la pediatra había insistido en la importancia de las mismas, así como la conveniencia de seguir las pautas de vacunación, atajar la desnutrición importante que presentaba el niño y las citas con neurología para solucionar el problema de deambulación que el primer hijo presentaba.
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Lejos de cumplir sus obligaciones como padres, Fiscalía sostiene que ambos causaron múltiples fracturas óseas a los niños, lesiones que no eran atendidas médicamente y que en algunos casos eran claramente visibles.
Las lesiones fueron detectadas por la neuróloga infantil, que, tras examinar al mayor de los menores y tratar de resolver el por qué presentaba un retraso psicomotor, comprobó el estado en el que se encontraba y decidió examinar también al recién nacido; confirmando que ambos presentaban sospecha de maltrato.
En concreto, el mayor de los hermanos, que en el momento del ingreso hospitalario, el 23 de mayo de 2019, contaba con 14 meses, tenía, además de malnutrición y retraso psicomotor, fracturas en extremos distales de ambos fémures, lo extremos proximales de ambas tibias y fractura de diáfisi-metafisis de ambos húmeros, todas ellas en distintos estadios evolutivos.
La víctima precisó para su sanidad de tratamiento médico además de un tiempo de curación de dos días de perjuicio muy grave y 180 días de perjuicio grave, pese a lo cual le han quedado como secuelas un acortamiento de la extremidad izquierda (disemetría) y un angulación del fémur izquierdo, visibles a simple vista y que originan cojera. Tal limitación no es definitiva dado que está pendiente de cirugía.
El otro niño, que contaba con dos meses, presentaba una hemorragia conjuntival en el ojo izquierdo evolucionada y una fractura desplazada del tercio medio de clavícula izquierda no consolidada, además de un callo de fractura en la vertiente posterior de la undécima costilla izquierda, una fractura en arco costal posterior de undécima costilla derecha no consolidada, hipotonía generalizada, escasa movilidad de las extremidades y nula movilidad de la extremidad superior izquierda.
Todas estas lesiones precisaron de tratamiento médico además de un tiempo total de curación y/o estabilización de 15 días de perjuicio básico, 42 días de perjuicio moderado y dos días perjuicio grave, quedándole como secuela una deformidad a nivel de la clavícula izquierda.
A raíz de estos hechos, el Juzgado de Instrucción no 4 de Valladolid, en virtud de auto de 24 de mayo de 2019, suspendió a ambos acusados del ejercicio de la patria potestad y les impuso cautelarmente la prohibición de acercarse a los menores, mientras se tramitaba el presente procedimiento.
Por su parte la Gerencia de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, en virtud de resolución de 23 de Mayo de 2019, declaró en desamparo a los menores, asumiendo su tutela legal, acordando primero, un acogimiento residencial y después un acogimiento familiar.
