MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
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"Es un tema especialmente sensible. Es muy importante esperar a ver cómo se pronuncia el Supremo y cómo se unifica doctrina. El objetivo está claro, garantizar la máxima protección a las mujeres", ha explicado Ribera en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.
Respecto al coste político que pueda provocar para el Gobierno la reducción de penas a condenados por delitos sexuales, Ribera ha defendido "el compromiso del gobierno con la protección de las mujeres", que, según ha afirmado, "es incuestionable" y ha añadido que la voluntad del ejecutivo es "mantenerse en esa dirección".
"Esperemos que a ver qué es lo que ocurre en este pronunciamiento del Tribunal Supremo para reconducir a una única interpretación, la más garantista con las víctimas, y continuemos esta senda inmediatamente después, pero es precipitado buscar esa primera respuesta destructiva en relación con el Gobierno", ha añadido la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidenta del Gobierno.
Por su parte, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha rechazado, en una entrevista en La 2 y Radio 4, atribuir responsabilidades a los jueces por las rebajas de penas a violadores apelando a la entrada en vigor de esta norma.
Así, ha insistido en que la voluntad del Gobierno con esta nueva ley es tipificar como delitos conductas que antes no lo eran y ha considerado que "jueces y tribunales deben determinar y fijar un criterio de interpretación" que responda a la protección de las víctimas.