WASHINGTON (AP) — En una ceremonia reciente en la Casa Blanca para honrar la herencia hispana de Estados Unidos, el presidente Joe Biden habló de cómo la inmigración ha definido a la nación y debería ser celebrada.
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“Lo decimos todo el tiempo, pero eso es lo que somos”, señaló Biden. “Esa es la nación. Somos una nación de inmigrantes”.
Biden se comprometió a “arreglar nuestro sistema de inmigración de una vez por todas”. El mandatario está abordando asuntos a corto plazo, como la reunificación de las familias de migrantes que fueron separadas durante el gobierno anterior y la solución de los atascos en el sistema de asilo. Y sus funcionarios fronterizos han trabajado para reducir el caos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Pero un país cada vez más dividido no puede ponerse de acuerdo en cómo debería ser un arreglo del sistema a largo plazo, cuestiones básicas como la de si deberían entrar más inmigrantes o menos. Y el futuro de las políticas clave no depende de la Casa Blanca ni del resultado de las elecciones intermedias, sino de los tribunales.
Tan sólo el miércoles, el fallo de un tribunal de apelaciones dejó en el limbo el destino de más de 600.000 migrantes conocidos como “dreamers” que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Biden señaló que haría todo lo posible por ayudarlos, pero advirtió que no todo depende de él.
“Si bien utilizaremos las herramientas que tenemos para permitir que los dreamers vivan y trabajen en el único país que conocen como hogar, ya es hora de que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los dreamers, incluyendo una vía para la naturalización”, declaró el mandatario en un comunicado.
El trasfondo político de todos estos desafíos es duro.
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Uno de cada tres adultos en Estados Unidos cree que hay una labor en curso para reemplazar a los nacidos en Estados Unidos con inmigrantes con el fin de obtener ganancias electorales, de acuerdo con un estudio de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. Algunos republicanos que se postularon a un escaño en el Congreso están utilizando los anuncios de campaña de las elecciones intermedias para advertir sobre una próxima “invasión”. Algunos líderes del Partido Republicano han trasladado vía terrestre o aérea a migrantes que cruzaron la frontera a zonas gobernadas por demócratas, en una maniobra política para llamar la atención sobre lo que dicen es un caos continuo en la frontera sur del país.
Los demócratas, por su parte, señalaron que quieren crear una vía para que cientos de miles de migrantes que llegaron al país siendo niños puedan naturalizarse, y dijeron que quieren políticas que reflejen el papel de Estados Unidos como un lugar seguro para aquellos que huyen de persecuciones. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo deberían de ser esas políticas.
Y mientras tanto, los economistas señalan que el país necesita más trabajadores, no menos, para satisfacer sus necesidades laborales.
Biden, que heredó un sistema endurecido al que el expresidente Donald Trump orientó para mantener a los migrantes fuera del país, ha retirado muchas de las políticas más polémicas de Trump. Ha trabajado para agilizar el manejo de los casos de asilo e incrementar el número de refugiados que pueden entrar a Estados Unidos.
Y a pesar del número récord de llegadas en los últimos meses y de todos esos acalorados anuncios de campaña, ahora los puestos fronterizos están en gran medida libres de las escenas caóticas que en años anteriores desataron indignación: migrantes apiñados bajo un puente o niños pequeños abarrotados tras vallas.
Pero el Congreso ha intentado repetidas veces —y fracasado— en mejorar el estropeado sistema migratorio del país, intentando impulsar varias propuestas a través de la Cámara de Representantes y el Senado sólo para verlas fracasar, a menudo de manera espectacular.
A pesar del más reciente fallo judicial sobre los dreamers, se ve difícil que el Congreso pueda aprobar un proyecto de ley sustancial para proteger a una nueva generación de migrantes de la forma que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) proporcionó una forma de obtener estatus legal hace una década durante el gobierno del presidente Barack Obama.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mencionó los proyectos de ley más recientes aprobados por esa instancia controlada por los demócratas, pero que han languidecido en el Senado, donde los republicanos, que tienen igual número de bancas que los demócratas, pueden recurrir a tácticas dilatorias para bloquearlas.
“Los demócratas de la Cámara de Representantes han aprobado en dos ocasiones la Ley de Promesa y Sueño Americano para ofrecer en definitiva a los dreamers una ruta permanente a la naturalización”, dijo Pelosi en un comunicado. “Los republicanos del Senado deben cerrar filas con nosotros para aprobar de inmediato esa iniciativa urgente y necesaria que ya tuvo el visto bueno en la Cámara de Representantes y enviarla directo al escritorio del presidente Biden”.
Es improbable que el Congreso actúe, por lo que el presidente tendrá que encontrar maneras para innovar si desea mejorar la situación vigente, afirman defensores de los migrantes.
Thomas Saenz, presidente y abogado general del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, reconoció los “desafíos muy reales e innegables” que Biden enfrenta, en particular en un momento en que un número sin precedentes de migrantes está arribando al país. Pero Saenz dice que el gobierno se está quedando corto para enfrentar la situación.
“He encontrado que este gobierno, en particular la Casa Blanca, no ha sido creativo ni abierto a enfoques creativos para brindar ayuda”, dijo Saenz, hablando sobre temas migratorios que se extienden más allá de la frontera.
La discusión sobre el programa DACA se ha prolongado tanto que muchos de aquellos niños ahora tienen unos 35 años e hijos estadounidenses. Y el limbo persiste tras el fallo judicial del miércoles.
Si a la larga las cortes ponen fin al programa, Biden sopesa una posible acción ejecutiva que conceda algunas garantías a los dreamers, según funcionarios enterados del plan y que solicitaron el anonimato para hacer declaraciones a la AP sobre los preparativos.
El gobierno de Trump decía que el DACA quitaba empleos a los estadounidenses porque permitía sustituirlos con migrantes. Esa idea ha sido refutada por economistas y tampoco es compartida por la mayoría de los estadounidenses. Dos tercios consideran que la diversidad de la población fortalece a Estados Unidos, y el número de quienes apoyan un camino hacia la condición legal de los beneficiarios del DACA rebasa por mucho a los que están en contra, según la encuesta de AP-NORC.
Pero los profundos miedos expresados por algunos estadounidenses contribuyen a explicar cómo el asunto da impulso a quienes se oponen a la inmigración. Y la idea de un desorden en la frontera entre Estados Unidos y México también anima el debate entre quienes están a favor y en contra.
Incluso en un momento en que los encuentros de las autoridades con migrantes en la frontera han aumentado a cifras sin precedentes, ahora hay un periodo de relativa calma en comparación con la impactante agitación que ha caracterizado a los últimos años.
Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) dicen que los cambios a su sistema de procesamiento merecen al menos parte del crédito por el aumento en la eficiencia y la mejoría en la comunicación con las autoridades mexicanas sobre cuándo y a dónde están llegando los migrantes.
“De verdad se está trabajando mucho de manera minuciosa, detallada y cuidadosa para controlar este flujo”, dijo el comisionado Chris Magnus. Dijo que los migrantes son investigados y examinados rigurosamente, y se adoptan medidas cuidadosas que garanticen que se les va a canalizar por las rutas adecuadas de la inmigración.
Los detractores, incluidos algunos demócratas, aseguran que el gobierno está permitiendo el ingreso de demasiadas personas al país y que debería estar deportando o deteniendo a más.
“Si no deportas gente, verán la frontera como un reductor de velocidad vial”, dijo el representante demócrata Henry Cuellar a Fox News. “Debemos deportar a personas. Tenemos que deportar a quienes se supone que no deben estar aquí”.
En términos generales, se ha expulsado a migrantes 1,8 millones de veces desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en conformidad con una medida sanitaria de emergencia conocida como Título 42, que le permite al gobierno expulsar de inmediato a solicitantes de asilo siempre y cuando sus países sean considerados seguros.
Aunque Biden acordó a finales de marzo poner fin al programa, éste continua vigente por ahora debido a una orden judicial.
Sergio Gonzales, director ejecutivo de Immigration Hub, una organización sin fines de lucro que apoya una reforma a las leyes de inmigración, dijo que independientemente de si la normativa sigue vigente o desaparece, los migrantes continuarán llegando a la frontera porque viven en países pobres y peligrosos y calculan que quedarse allá es peor que la travesía, “aunque ésta también conlleva peligros”.
Estados Unidos continúa intentando expiar las separaciones familiares de la era de Trump en las que unos 5.500 niños les fueron quitados a sus padres. A la fecha, sólo unas 600 familias han sido reunidas de nuevo, en parte debido a los considerables obstáculos impuestos durante el gobierno de Trump.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que presentó demandas debido a las separaciones y gestiona las reunificaciones, dijo que aunque el gobierno de Biden ha estado “trabajando constructivamente” para reunir a las familias, le preocupa que las separaciones —que alcanzaron titulares noticiosos internacionales cuando sucedieron— se hayan olvidado en gran medida. “La verdad es que todavía hay cientos de niños pequeños que no han regresado con sus padres”, señaló.
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La periodista de The Associated Press Lisa Mascaro contribuyó a este despacho.
