MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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"Nos sentimos totalmente abandonados, aislados, si antes lo estábamos por la marginalidad del barrio y la estructura de la Cañada Real en sí, ahora nos sentimos abandonados al margen de las normas internacionales de Derechos Humanos", ha manifestado la presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI de la Cañada Real, Houda Akrikez, en una entrevista con Europa Press.
Akrikez se pregunta "si realmente existen los DDHH y, si existen, para quién están escritas esas normas" porque, según afirma, en el caso de la Cañada Real "parecen letras muertas, que no tienen ningún sentido".
Cuando se cumplen 730 días sin suministro eléctrico, la presidenta de la Asociación Tabadol asegura que "para nada" podrían haber imaginado que esta situación se prolongaría durante tanto tiempo. "Qué vergüenza que el Gobierno de España siga mirando a otro lado teniendo el barrio así", critica.
Además, ha denunciado que en los últimos meses los cortes de luz se han extendido también a los sectores II, III y IV. "Están intentando apagar la Cañada Real poquito a poco, casi están acabando con toda la Cañada Real de manera muy cruel y pisando el pacto regional que firmaron en 2017", añade.
A su juicio, el propósito de la administración es "barrer la Cañada Real" con una "política cruel" que "pisotea a los pobres". "Este corte de luz es provocado por la administración como manera de forzarnos para desalojar nuestras viviendas de manera voluntaria para que sigan creciendo las grandes urbanizaciones y construcciones", denuncia Akrikez.
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PRIMERO LUZ Y DESPUÉS REALOJOS NEGOCIADOS
Sobre los realojos, la presidenta de la Asociación Tabadol considera que esto tiene que ser algo de lo que hablar solo después de solucionar la "situación de emergencia actual" y tras "sentarse a negociar con los vecinos cuál es la mejor solución para la Cañada Real".
"Sabemos que los realojos son procesos bastante lentos, largos y ahora vamos a cumplir dos años sin luz y todavía no hay movimientos de realejos", asegura, precisando que, hasta ahora, solo se han producido los que se firmaron en el pacto regional en 2017, que afectan a 150 familias.
Para Akrikez, la solución pasa por devolver la luz a los vecinos como "derecho fundamental", algo que, precisamente, también pidió el pasado martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que los vecinos y vecinas de la Cañada Real están agradecidos por su apoyo no solo en forma de llamamientos y advertencias, sino también de visitas en las que ha sido muy cercano a todos. "Es bastante sensible con la situación que estamos viviendo", destaca.
Tras un verano difícil por las olas de calor, ahora los vecinos de la Cañada Real se preparan para un tercer invierno sin luz. "No sé de qué manera lo podemos afrontar", reconoce Akrikez.
Frente a esta situación, asegura que los vecinos y vecinas de la Cañada Real Galiana van a seguir defendiendo sus derechos, van a pedir "luz, contratos y mesa de trabajo" y van a continuar realizando algunas acciones, como charlas o incluso una obra de teatro '400 días sin luz' que se estrena este 7 de octubre en el Teatro Valle-Inclán.
A Houda Akrikez y a sus 3.999 vecinos les cambió la vida "radicalmente" tal día como este domingo de hace dos años. "Teníamos una vida normal, como cualquier ciudadano", recuerda. No se imaginaban en aquel momento que iban a sufrir la cara más dura del frío, de la oscuridad y, sobre todo, del olvido.
"Lo más grave es que la gente está normalizando algo que no es normal, porque no es normal que en la capital española, 4.000 personas --casi 7.000 tras los cortes de luz en los sectores II, III y IV-- estemos sin suministro eléctrico", remarca.
Akrikez denuncia que "se ha jugado con la salud física y mental" de todos ellos así como "con el futuro de los niños". "El corte de luz va más allá de quitarnos el suministro eléctrico, es un sentimiento de quitarnos todo el derecho a la vida", resume.
DOS AÑOS DE PROTESTAS
En todos estos meses, los vecinos de la Cañada Real no han parado de denunciar su situación ante la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y de Rivas y ante el Gobierno de España, a través del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil; y se han manifestado al grito de 'Luz para la Cañada' ante las distintas administraciones y empresas implicadas como la Asamblea de Madrid o la sede de Naturgy, compañía que suministra el servicio en la zona.
En esta línea, constituyeron la Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto con las asociaciones vecinales de Cañada Real, desde la que han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una solución "urgente".
En 2021, España recibió varias llamadas de atención por parte de la ONU por la situación en la Cañada Real Galiana. También el Defensor del Pueblo ha manifestado su preocupación y ha exigido respuestas.
Desde el Comité Ejecutivo del Pacto por la Cañada Real Galiana --órgano que conforman la Delegación del Gobierno, los tres ayuntamientos por los que discurre este camino donde se ubica el asentamiento (Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid) y el Ejecutivo autonómico-- se fijó a mediados de noviembre de 2021 una hoja de ruta con 21 actuaciones que incluye el realojo de 160 familias del Sector VI, una medida en la que se invertirán 34 millones de euros financiados al 50% por las dos administraciones.
Además, el Gobierno aprobó a finales de noviembre, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 5 millones de euros para los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, para destinar al plan de realojo de las familias en situación de vulnerabilidad extrema de la Cañada Real Galiana.
El pasado mes de julio, el entonces secretario de Estado para la Agenda 2030 Enrique Santiago se desplazó a la Cañada Real Galiana para mantener un encuentro con las entidades sociales que trabajan en la zona. Según informó durante su visita, 37 familias estaban en aquel momento "en proceso de realojo".
