CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El grupo de expertos internacionales que indaga en la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 denunció el jueves “obstáculos” e “intromisiones indebidas” en la investigación por parte del fiscal general de la República y expresó sus dudas sobre algunos indicios incluidos en un informe oficial presentado por la Comisión de la Verdad en agosto.
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Estos problemas, aparentemente motivados por la urgencia de mostrar resultados, coincidieron con nuevas evidencias que involucran a altas instancias del Estado y que apuntan a una “relación cercana” de militares con miembros del cártel local que participó en el ataque en Iguala, estado de Guerrero, contra los alumnos de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa, subrayaron los investigadores. Además, las fuerzas armadas les siguen negando información, según el grupo.
Los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevan trabajando en el caso desde 2015 y ofrecieron una conferencia de prensa dos días después de la renuncia del fiscal especializado en Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, cuyo trabajo independiente fue bloqueado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero por no querer seguir órdenes “que no tienen ninguna justificación”, apuntó la colombiana Ángela Buitrago, integrante del grupo.
Entre esas “intromisiones indebidas” sufridas por la unidad dirigida por Gómez Trejo, el grupo mencionó el retiro de órdenes de captura que él había emitido contra 21 personas, entre ellas 16 militares, sin razones vinculadas a la investigación o la urgencia por detener y judicializar casos de forma apresurada que podrían poner en peligro procesos en marcha, como el de el ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una realidad paralela a los hechos basada en torturas y manipulación de pruebas.
También criticaron que la Fiscalía General de la República asignara al caso a personas que no conocían la investigación o que podrían estar vinculadas a la obstrucción a la justicia que se hizo durante la administración anterior.
Estas prácticas no son propias de “un estado de derecho”, indicó la guatemalteca Claudia Paz, otra de las integrantes del equipo.
E inducen a pensar que hubo “un intento de sincronía de tiempos judiciales con tiempos políticos... que vino desde el fiscal general de la República", explicó el chileno Francisco Cox, quien lamentó que parezca importar más "una oportunidad fotográfica de una detención, de una vinculación a proceso" que una sentencia.
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El grupo, que publicó el jueves un nuevo informe sobre el caso, reafirmó el involucramiento del Ejército en los hechos, mostró nuevas evidencias de la “estrecha” relación de militares con miembros del cártel de Guerreros Unidos y denunció que todavía hay información de inteligencia militar clave cuyo acceso tienen vetado aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que les permitieran ver todos los archivos.
Parte de estas evidencias, según explicó Claudia Paz, llegaron cuando Estados Unidos entregó a la fiscalía mexicana comunicaciones interceptadas como parte de un juicio sobre tráfico de heroína y cocaína de Iguala a Chicago.
En ellas, hay 12 conversaciones en las que se habla de “jales” (trabajos) que se hacen de manera conjunta o de “comidas” brindadas por los criminales a militares. Algunos de los militares mencionados en esos mensajes están detenidos — hay cuatro procesados— pero otros no.
El informe de la Comisión de la Verdad, una entidad oficial presidida por Alejandro Encinas, presentado en agosto consideró caso un “crimen de Estado” y mostró nuevos datos sobre la participación del Ejército gracias a capturas de pantalla de conversaciones interceptadas que apuntaban a que militares presuntamente dieron la orden de matar a algunos estudiantes y manipularon y ocultaron sus restos.
El grupo de la CIDH confirmó algunos datos de ese informe, como que algunos estudiantes estuvieron vivos varios días después del ataque, pero mostró sus dudas sobre los mensajes de celular que estaban escritos de forma muy diferente a los interceptados por los estadounidenses y ya encargaron a un perito independiente que analice toda esa información que se les proporcionó casi un mes después de la publicación del informe.
Encinas, también subsecretario de Gobernación, dijo que es normal que se hagan ese tipo de peritajes antes de judicializar evidencias y que los comentarios del grupo de expertos se pueden atender y aseguró que en la investigación de este caso “no hay tiempos políticos” pero que las críticas llegan porque se están acercando a la verdad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado la participación del Ejército y dice que sólo a un puñado de militares tuvieron responsabilidad pero no la institución como tal. El mandatario apoyó la retirada de las 21 órdenes de detención y dijo el jueves que, con ellas, quienes atacan al gobierno debieron pensar que “se iba a generar una rebelión en el Ejército”.
Los expertos, cuyo mandato de trabajo concluye el viernes pero que presentarán nueva información en un mes cuando reciban los resultados del peritaje, pidieron prorrogar su mandato para seguir con la investigación, algo que el gobierno de México apoya, según dijeron.
También subrayaron la importancia de que se reviertan las condiciones que han bloqueado el trabajo de la unidad especializada porque —aseguran— se debe garantizar la autonomía e independencia de los fiscales.
“Cuando se toca la justicia se hace un gran daño al país”, dijo la colombiana Angela Buitrago.
Hasta ahora se desconoce el destino de los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados pero sólo se encontraron restos de tres. Tampoco está claro el móvil del ataque aunque se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de droga.
