LA PAZ, Bolivia (AP) — Dos sectores antagónicos de cocaleros, uno crítico con el gobierno del presidente Luis Arce y el otro afín, protagonizan una larga disputa por la venta de la hoja de coca, que mueve millones de dólares en Bolivia.
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En el episodio más reciente, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), contraria al gobierno, fue detenido y enviado a la cárcel preventivamente por seis meses después de que sus dirigidos tomaran un mercado de coca que consideran ilegal y prendieran fuego las instalaciones. La policía se replegó ante la multitud de manifestantes.
La fiscalía acusa a Freddy Machicado de organización criminal e instigación pública a delinquir, entre otros delitos.
La detención ha generado criticas de la oposición que asegura que se trata de una persecución política.
El gobierno ha fracasado en su intento de diálogo entre los dos grupos y en las últimas semanas el barrio de Villa Fátima -al norte de La Paz- ha sido un campo de batalla entre la policía y los cocaleros críticos al gobierno que exigen el cierre del nuevo mercado que abrió la dirigencia afín.
Estas son las razones del conflicto.
¿CÓMO COMENZÓ EL CONFLICTO?
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Empezó hace seis años cuando durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) se aprobó una ley que permitió incrementar los cultivos legales de coca privilegiando a las bases cocaleras del exgobernante.
“En ese momento se genera una ruptura entre los cocaleros de los Yungas, al norte de La Paz, y los que apoyan al gobierno porque Morales no pudo cumplir con su promesa de gobernar de igual a igual”, explicó Gregorio Lanza, investigador sobre el tema.
Morales surgió a la arena política desde la dirigencia de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, al centro de Bolivia, sumando apoyo de los cultivadores de la hoja al norte de La Paz.
“Este sector que en un inicio apoyó al gobierno se sintió como ciudadanos de segunda”, agregó Lanza.
¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO?
El presidente Luis Arce, que asumió en noviembre de 2020, ha seguido la política de su antecesor apoyando al grupo afín a Morales. La dirigencia de Machicado denuncia que -con el aval del gobierno- el sector de Arnold Alanes abrió un nuevo mercado para la venta legal de coca. El grupo opositor al gobierno está movilizado desde hace seis meses para demandar el cierre de ese mercado.
El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, explico que el conflicto es “interno” entre dos dirigencias con fines económicos.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) el comercio de coca mueve entre 365 y 449 millones de dólares cada año, poco más del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para Machicado, dirigente de Adepcoca y quien ha liderado las marchas, el conflicto es porque el “gobierno de forma descarada mete sus manos a nuestro sector y eso nuestros hermanos cocaleros no lo van a permitir”.
En tanto el dirigente Alanes, afín al gobierno y quien estaba a cargo del nuevo mercado, expresó que el conflicto es apoyado por la oposición al gobierno de Arce. Alanes ha intentado desde hace más de un año que funcione su mercado en diferentes lugares.
¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA COCA?
En la constitución aprobada por Morales en 2009 la coca fue declarada patrimonio cultural y “factor de cohesión social”.
En Bolivia los indígenas -sobre todo de la región andina- mastican coca desde tiempos ancestrales para combatir el cansancio, el mal de montaña y los malestares estomacales.
Desde 2017 se permite el cultivo de hasta 20.000 hectáreas de coca para usos tradicionales. Pero según un reciente informe de la UNODC la superficie cultivada en Bolivia es de casi 30.000 hectáreas.
La ley también establece que en Bolivia sólo hay dos mercados legales: el de Villa Fátima, al norte de La Paz, y el de Sacaba, en la región central de Cochabamba.
