CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A medida que se desvanecen las esperanzas de rescatar a 10 mineros atrapados en un socavón del norte de México inundado desde inicios de mes, aumenta la evidencia de que el actual gobierno habría impulsado el resurgimiento de una peligrosa minería a baja escala que continúa cobrando vidas.
PUBLICIDAD
Hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió un plan para reactivar las centrales eléctricas a carbón en el estado norteño de Coahuila y darle preferencia a la adquisición de pequeñas empresas mineras de esa región.
Las compras fueron parte de las políticas de López Obrador para darle ingresos a los mexicanos más pobres.
Al hacerlo la administración resucitó la minería de arrastre a baja escala, que se realiza en profundos pozos, tan peligrosa y primitiva que ambas cámaras del Congreso de México intentaron prohibirla hace una década.
Los expertos estiman que estas minas, tan angostas que sólo puede bajar una persona a la vez por un pozo de unos 100 metros de profundidad, son muy inseguras debido a que los mineros operan sin revisar los gases acumulados y sin mapas hidrogeológicos que les permitan saber dónde están las áreas con riesgo de inundación.
En las estrechas minas, conocidas como “pocitos”, los mineros trabajan con pistolas neumáticas para extraer el carbón sin mayor protección que un casco y sin salidas de emergencia.
Quince hombres estaban trabajando en la mina Pinabete de la localidad de Sabinas, en el estado de Coahuila, cuando la tarde del 3 de agosto se toparon con una pared de una mina abandonada que estaba inundada y que al venirse abajo cubrió de agua el socavón. Cinco mineros lograron salir en medio de la inundación pero los demás quedaron atrapados sin que hasta la fecha se haya tenido algún contacto con ellos.
PUBLICIDAD
La promoción de la minería de carbón es parte del esfuerzo de López Obrador para apuntalar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabezada por un político de la vieja guardia, Manuel Bartlett, y darle apoyo a los pequeños mineros de origen pobre.
El plan no sólo ha sido cuestionado por ambientalistas sino también por opositores que han advertido sobre los riesgos que enfrentan los mineros.
“La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los productores más grandes provoca que al final termine en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar la vida de los trabajadores”, afirmó Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila y dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras el accidente de Pinabete.
La CFE ha defendido la decisión de comprar alrededor de dos tercios de carbón para la generación de energía a las pequeñas empresas mineras.
“Teníamos que tener una conceptualización en que los más pequeños (mineros) tenían que ser favorecidos porque teníamos que igualar sus condiciones socioeconómicas”, afirmó en julio el subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Miguel López, y agregó que “como él (López Obrador) bien lo ha dicho, uno de los principales lastres que tiene este país se llama desigualdad”.
La política del gobierno ha permitido que prosperen las pequeñas empresas mineras, pero algunas están operando sin cumplir las normas laborales y requisitos de la CFE. Así lo reconoció recientemente López Obrador quien afirmó que en el caso de Pinabete no se cumplieron una serie de requisitos.
Los accidentes en las minas de carbón han sido frecuentes.
En junio de 2021 siete trabajadores murieron en una mina del municipio Muzquiz, en Coahuila. La mina de la empresa Micarán también se inundó y colapsó parcialmente y tomó días recuperar los cuerpos de los mineros.
En 2006 se registró una tragedia en la mina Pasta de Conchos de Coahuila donde 65 mineros murieron después de que una acumulación de gas provocó un incendio y una explosión que hicieron colapsar varios túneles.
Los congresistas mexicanos conocían bien los peligros de las estrechas minas verticales y es por ello que a partir de 2012 comenzaron a promover leyes para eliminarlas.
En el Senado se impulsó ese año un proyecto de ley que tenía como objetivo central la “prohibición expresa del trabajo en tiros verticales de carbón”, conocidos como “pocitos”, porque tenían “mayores riesgos”.
Un año después en la Cámara de Diputados se presentó otro proyecto en el que se reconocía que “las actividades mineras registran riesgos laborales generalizados en extracción de carbón, debido a que los procesos y técnicas son artesanales y rudimentarios; (y) omiten la normativa en materia de seguridad”. Para hacer frente a esa situación se planteó que era necesario “minimizar o eliminar” esas prácticas mineras.
No está claro por qué esas leyes nunca se aprobaron, pero la fuerte influencia que tiene la política en esa actividad pudo haber tenido algo que ver.
La activista Cristina Auerbach, que defiende los derechos de los mineros, afirmó que el carbón es un tema políticamente delicado en Coahuila, en especial entre las comunidades empobrecidas que alguna vez vivieron de esa actividad.
“El tema del carbón en Coahuila es un tema político, no económico”, sostuvo Auerbach.
Desde 2006 hasta el año pasado al menos 80 mineros han muerto en accidentes en Coahuila, precisó la activista, y agregó que “las empresas más chicas en la región carbonífera son las empresas más precarias como Pinabete”.
La minería de carbón a pequeña escala parecía estar desapareciendo en Coahuila hasta que López Obrador ordenó a la CFE que aumentara las compras.
“Con los nuevos pedidos de Comisión Federal para las uniones y para ciertos particulares y para empresas, pues obviamente la región revivió”, dijo Diego Martínez, profesor de Ciencias Aplicadas de la Tierra en la Universidad Autónoma de Coahuila.
López Obrador quería eliminar los subterfugios y la corrupción en las compras de carbón, pero aparentemente también fracasó en ese objetivo.
Un hombre fue arrestado este mes en relación con el accidente de Pinabete luego de que se descubrió que la mina aparentemente estaba registrada con diferentes nombres en los contratos de compra de la CFE.
No es la primera vez que se denuncian prácticas ilegales en las pequeñas minas de carbón de Coahuila, donde los trabajadores ganan sólo 200 dólares a la semana.
López Obrador dijo que el contrato de la mina Pinabete con la CFE decía explícitamente que no se podía subcontratar, pero al parecer se hizo de todos modos.
Sobre la posibilidad de que puedan darse cambios en el corto plazo para mejorar las condiciones de seguridad de los mineros, activistas y especialistas manifestaron dudas.
Al respecto Auerbach dijo que a pesar del evento de Pinabete en la actualidad siguen operando en Coahuila “cientos” de pequeñas minas en zonas que, aseguró, son de “alto riesgo”. “Por eso lo que estamos pidiendo es que todas las concesiones de carbón que se otorgaron en zonas de alto riesgo deben ser canceladas porque siempre van a morir (los mineros)”, concluyó.
