MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
El escándalo de los 'falsos positivos' consistía en premiar a miembros de las Fuerzas Armadas a cambio de matar a civiles y hacerles pasar por guerrilleros abatidos para aparentar operaciones militares muy exitosas en el marco del conflicto armado.
Así, la JEP ha imputado los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad a un total de 22 exmilitares, entre los que se encuentra el destacado general Henry William Torres, así como dos coroneles, tres tenientes coroneles, diez oficiales y seis suboficiales, la mayoría integrantes de la brigada XVI del Ejército.
Según la JEP, los hechos ocurrieron entre los años 2005 y 2008, y las más de 300 víctimas fueron ejecutadas en un total de 218 eventos en algunos municipios de los departamentos de Casanare, Meta y Boyacá, según recoge el diario colombiano 'El Tiempo'.
Además, esta es la primera ocasión en la que se imputa también el delito de utilización de menores, pues la Justicia ha determinado que, en algunos casos, se empleaba a menores como reclutadores para que participaran en los engaños que culminaban con la muerte de las víctimas.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha señalado que, solo en Casanare, los militares emplearon al menos 140 millones de pesos colombianos --unos 30.600 euros en la actualidad-- provenientes de las arcas públicas, para financiar sus acciones criminales.
PUBLICIDAD
Todo esto habría ocurrido bajo las órdenes de Torres, quien se estima que tuviera bajo su mando a unas 70 personas. La mayoría de las víctimas fueron hombres de entre 18 y 25 años, si bien es cierto que entre los civiles muertos se encuentran mujeres, alguna de ellas incluso embarazada.
Según ha explicado en rueda de prensa el juez Óscar Parra, los 22 acusados "llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala que tenían la intención de asesinar a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate", que considera que "no se trataba de hechos aisladoso cometidos de manera espontánea".
"Entre las víctimas documentadas en el subcaso Casanare hay nueve mujeres y una persona con orientación sexual e identidad o expresión de género diversa que experimentaron formas específicas de violencia y crueldad, por situaciones particulares de vulnerabilidad y por prejuicios sociales que las convirtieron en blanco de los crímenes", ha señalado la JEP.
