MIAMI (AP) — Eduardo Capello se veía emocionado, con el rostro enrojecido y al borde de las lágrimas. Estaba sentado en una sala de la corte frente a Roberto Guillermo Bravo, un exmarino argentino al que ha demandado por su presunto papel en el fusilamiento de su tío y de un grupo de prisioneros políticos en una base militar de la Patagonia argentina en los años 70.
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Con la voz por momentos entrecortada, Capello trató de explicar por qué a casi 50 años de la llamada “Masacre de Trelew” él y otros tres familiares de las 19 víctimas aún buscan que Bravo, el único de los acusados que aún no enfrentó a la justicia en su país, sea declarado responsable por los daños que provocó su presunto accionar en la matanza extrajudicial.
“Decididamente el asesinato de mi tío marcó un antes y un después en mi familia”, expresó Capello, que lleva el mismo nombre de su tío. “La muerte de Eduardo fue el inicio de una serie de tragedias que incluyeron la desaparición de mi padre, mi madre y mi hermano”.
Capello dio testimonio durante el segundo día del juicio de una semana que enfrenta Bravo en Miami frente a un jurado de siete miembros que deberá revelar su veredicto al final del proceso. Bravo vive en Estados Unidos desde 1973 y es ciudadano estadounidense desde 1987. No ha podido enfrentar a la justicia argentina porque las leyes de su país impiden el enjuiciamiento en ausencia.
Bravo estaba sentado junto a sus abogados al frente, en diagonal a Capello. Lucía serio, pero tranquilo. Estaba vestido con traje gris claro, camina a rayas celestes y blancas y su cabello completamente blanco recogido en una pequeña cola de caballo.
La demanda civil fue presentada en Miami en octubre de 2020 y busca una recompensa monetaria. De acuerdo con la querella, el exmarino y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron y participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos.
Los cuatro demandantes son Capello, Raquel Camps, Alicia Krueguer y Marcela Santucho, todos familiares de víctimas de Trelew.
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La masacre fue en la Patagonia argentina, pero la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en Estados Unidos.
La defensa de Bravo alega que han pasado ya muchos años, más de los previstos por las leyes estadounidenses para poder presentar este tipo de demandas. Capello y los demandantes aseguran que no pudieron presentar antes la demanda por varios motivos, entre ellos el miedo que sentían en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y que no supieron sino hasta 2008 dónde estaba Bravo.
Las autoridades argentinas pidieron la extradición de Bravo en 2009, pero un juez del sur de Florida la negó poco después. En 2019 se presentó una segunda solicitud de extradición que aún está pendiente. Los demandantes esperan que este juicio pueda ayudar a llevar a Bravo a su país.
La masacre sucedió durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Unos años antes habían empezado a operar en Argentina grupos guerrilleros identificados con la izquierda y el peronismo, la fuerza política liderada por el expresidente Juan Domingo Perón.
Las víctimas pertenecían a grupos guerrilleros y pocos días antes habían escapado de una cárcel penal y fueron recapturadas. Según la versión oficial fueron asesinados durante un nuevo intento de fuga. Pero con el regreso de la democracia en 1983 los sobrevivientes recuperaron la libertad y relataron lo sucedido.
La justicia argentina inició una investigación en 2005 tras la derogación en 2003 de leyes de amnistía que protegían a los militares.
Es la primera vez que Bravo y los demandantes se encuentran cara a cara y la primera vez que el exmilitar tendrá que declarar públicamente bajo juramento.
Bravo asegura que actuó en defensa propia, que se trató de un tiroteo entre oficiales y presos y que la justicia argentina lo declaró inocente y fue absuelto de los delitos de los que se lo acusa por leyes de amnistía. Otros tres acusados fueron condenados a prisión perpetua en su país: Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.
Para los familiares, se trata sobre todo de llevar a Bravo ante la justicia.
Lo que le diría a mi tío sería “que tardamos 50 años en llegar acá, que no nos rendimos nunca y que estoy seguro de que después de este proceso el mundo será más justo”, dijo Cappello casi al final de su testimonio.
