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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), de cuyo patronato forman parte la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, dejó sin gastar el 25% de su presupuesto para formación por falta de acuerdo entre los agentes sociales, según ha detectado el Tribunal de Cuentas en su última fiscalización, hasta el ejercicio 2020.
Esta fundación, perteneciente al sector público estatal, tiene como objetivos mejorar la formación profesional de los trabajadores y la adaptación de empresas y empleados a los cambios en el mercado laboral. Entre sus funciones también están colaborar y asistir técnicamente al SEPE y a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social en las políticas de formación laboral.
Sin embargo, el Tribunal advierte en la fiscalización de la fundación el incumplimiento de alguna de sus funciones por estar vinculadas a unos acuerdos no alcanzados entre los agentes sociales para constituir las llamadas Estructuras Paritarias Sectoriales (EPS).
PESE A ELLO, MÁS PRESUPUESTO, LO QUE GENERA MÁS REMANENTES
Pese a que la labor que debían realizar estas entidades las continuaron realizando otras comisiones, su actividad fue cayendo a la vista del importe presupuestado por la Fundae para financiar sus actividades, generándose remanentes de 7,5 millones de euros en 2018 y de 8,6 millones en 2019, ejercicios de la fiscalización realizada por el Tribunal.
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A partir de 2017, los recursos procedentes del SEPE a la fundación aumentaron de 31 millones a 39 millones de euros, que se tradujeron en un aumento del excedente, pasando de algo menos del 10% a más del 25% de todos los recursos recibidos.
En 2017, el patronato de la Fundae aprobó un mapa sectorial con 23 EPS para agrupar 143 subsectores afines, que no llegaron a constituirse. Estos órganos debían surgir fruto del diálogo social entre las organizaciones sindicales y empresariales.
La falta de constitución de estas estructuras derivó en incumplimientos de la Fundae, particularmente del convenio de colaboración suscrito con el SEPE, al que no prestó apoyo técnico en la implantación y gestión de la formación dual vinculada al contrato de formación, o la realización de propuestas de reviión de cualificaciones profesionales.
CUATRO AÑOS MÍNIMO PARA UNA CONVOCATORIA DE AYUDAS
Por otro lado, el Tribunal destaca cómo, a la hora de evaluar la eficacia y la eficiencia de la Fundae tuvo que emplear métodos alternativos al encontrarse que "la mayor parte de los objetivos explícitos definidos en los planes de actuación no eran válidos o no superaban los requisitos técnicos necesarios para medir la eficacia alcanzada" y "falta de indicadores válidos para medir la eficiencia".
Tras analizar la ejecución de las actividades previstas y los recursos humanos y financieros empleados para ello, el Tribunal concluye que la falta de definición de procedimientos de gestión aumenta el riesgo de ineficiencia en las actividades y señala la insuficiencia de actuaciones dirigidas a anticipar necesidades formativas y reconocer competencias adquiridas.
Asimismo, pese a las mejoras logradas con un plan de digitalización, detecta "margen apreciable de mejora" en la gestión de iniciativas de formación, especialmente en los procedimientos de concesión de anticipos y liquidación final de subvenciones.
Así, en materia de concesión de anticipos el Tribunal de Cuentas detectó un gran número de entidades deudoras que debían reintegrar fondos, mientras que el plazo de gestión de convocatoria de ayudas se prolongaba, en el mejor de los casos, durante cuatro años.
