CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Organizaciones de los Derechos Humanos en Guatemala se sumaron el viernes al rechazo contra la investigación que tramita la Corte Suprema de Justicia guatemalteca contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien es conocido por fallos contra crímenes de lesa humanidad y delitos de corrupción.
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En un comunicado, las organizaciones dijeron que la denuncia presentada contra el juez es espuria y con “intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”. También señalaron que las denuncias provienen de actores que mantienen pactos “con corruptos y criminales” para obstaculizar el derecho de las víctimas para acceder a la justicia.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó el miércoles tramitar una denuncia presentada por una fundación de ultraderecha contra Gálvez, en la que aducen que el juez cometió “ilegalidades” al enviar a juicio a diez policías y militares acusados de crímenes como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y asesinatos durante el conflicto armado en Guatemala entre 1960-1996.
Los acusados son parte del caso conocido como Diario Militar, que trata de un informe en el que exintegrantes de las fuerzas armadas y policiales documentaron torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 183 personas durante la década de 1980. El juez ordenó que los acusados enfrenten juicio por la suerte de 21 personas desaparecidas.
“Los subían a vuelos y los aventaban en el océano para eliminar la evidencia de las torturas”, señaló Gálvez el día que envió a juicio a los acusados. También enumeró los tormentos vividos por las víctimas, como arrancar las uñas o la lengua. Agregó que hubo violaciones y electrocuciones en los testículos cometidas presuntamente por órdenes de los acusados.
Gálvez es reconocido por sentar en el banquillo de los acusados al exdictador José Efraín Ríos Montt, que fue llevado a juicio por genocidio debido a la muerte de 1.771 indígenas ixiles durante el conflicto armado, que llevó a un tribunal a sentenciarlo a 80 años de prisión. Sin embargo, posteriormente la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El exdictador murió en 2018 sin ser juzgado.
El juez también envió a juicio al general Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala de 2012 a 2015, quien tuvo que renunciar al cargo junto con su gabinete por acusaciones de corrupción.
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En una entrevista con The Associated Press, Gálvez dijo que había recibido amenazas de muerte, hostigamiento y acoso incluso de personas allegadas a la Fundación contra el Terrorismo, la misma que lo denunció. “Es una venganza contra mi trabajo”, dijo entonces el juez.
Gálvez responsabilizó de las amenazas a Ricardo Rafael Méndez Ruiz, presidente de la Fundación, un activista de ultraderecha sancionado en 2021 por el Departamento de Estado estadounidense por obstruir procesos penales contra exmilitares que cometieron actos de violencia, acoso e intimidación a investigadores de casos de corrupción.
Méndez Ruiz publicó en redes sociales que es “Es el turno de Miguel Ángel Gálvez, la FCT se hace cargo” y que “La FCT lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura... Lo vamos a ver preso o exiliado”.
La CSJ nombró a la magistrada Zonia Santizo para que investigue a Gálvez y diga si se le debe retirar o no la inmunidad.
Las acciones contra Galvez se suman a lo que jueces y fiscales han denunciado como una criminalización de sus actos que ha llevado al exilio a más de 20 funcionarios de justicia durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
