LA PAZ, Bolivia (AP) — Activistas que defienden los derechos humanos y familiares de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, marcharon el martes a su favor y en contra de la condena de diez años de cárcel que recibió el pasado viernes por cargos relacionados a su asunción del cargo durante la crisis política de 2019 en medio de violentas protestas que precipitaron la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
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“Mi madre es un trofeo de guerra... que están utilizando para dar este mensaje de miedo a todos los líderes de oposición, a todos los bolivianos que pensamos diferente, en contra del gobierno”, declaró a los medios la hija de la exmandataria, Carolina Ribera Áñez.
Con pedidos de “justicia y libertad”, la marcha se abrió paso por las calles del centro de La Paz. En ella participó la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, así como representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y otros afines a Áñez.
El miércoles se prevé que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz leerá los argumentos que respaldan la sentencia a diez años que se dio a Áñez, al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y al excomandante de la policía, Vladimir Calderón. La sentencia no cayó bien a opositores ni a miembros del gobierno que adelantaron que apelarán.
Áñez fue procesada en juicio ordinario, acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión del Congreso en la que, siendo senadora, se proclamó presidenta del país y con ello violentó procedimientos legales, según la acusación.
El investigador senior de Human Rights Watch (HRW) para América Latina, Cesar Muñoz, pidió a “tribunales superiores” examinar de forma “independiente” el desarrollo de los procesos penales contra la exmandataria.
