BIRMINGHAM, Alabama, EE.UU. (AP) — El doctor Hussein Abdul-Latif pasó la última semana tecleando las recetas de sus pacientes transgénero jóvenes, para asegurarse de que tuvieran acceso a sus medicamentos durante unos meses antes de que Alabama declarara ilegal su prescripción.
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También contestó a las preguntas de pacientes ansiosos y de sus padres: ¿Qué me pasará si de pronto tengo que dejar de tomar la testosterona? ¿Debemos salir del estado para recibir atención médica?
El domingo entró en vigor una nueva ley estatal que tipifica como delito, castigado con hasta 10 años de prisión, que los médicos prescriban bloqueadores de la pubertad y hormonas a personas trans menores de 19 años.
Por el momento, un juez no se ha pronunciado sobre la solicitud de impedir que el estado aplique la ley.
La medida forma parte de una ola de legislaciones en los estados controlados por los republicanos que se centran en los jóvenes LGBTQ.
También se han presentado proyectos de ley para limitar las discusiones sobre cuestiones de género e identidad sexual en los grados escolares de los más jóvenes o para prohibir que los niños utilicen los baños de la escuela o jueguen en equipos deportivos que no coincidan con su sexo de nacimiento.
Abdul-Latif, endocrinólogo pediátrico y cofundador de una clínica en Birmingham para tratar a los niños con disforia de género, dijo que está muy desanimado por la ley de Alabama.
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Indicó que ya era bastante difícil para las familias de este estado tan conservador aceptar la situación de sus hijos. Ya se habían enfrentado al estigma social y a “la difícil decisión de abandonar su familia eclesiástica o ser considerados menos dignos”, dijo.
Sin embargo, poco a poco, explicó, los niños trans se hicieron más visibles y hubo una mayor apertura en el estado para que declararan públicamente su identidad.
“Siempre existieron, pero a menudo no tenían la sensación de tener fuerza suficiente para mostrarse como son, o mostrarse con sus médicos”, dijo. “Y ahora que lo hacen, les respondemos con medidas legales”.
Abdul-Latif señala que tanto la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) como la Sociedad de Endocrinología Pediátrica respaldan los tratamientos que las clínicas de este y otros estados brindan a los jóvenes transgénero.
En contraste, “el estado no sólo está diciendo que soy un delincuente por recetar esos medicamentos, sino que afirma que mi organización de miles de médicos, pediatras y endocrinólogos pediátricos son tal vez socios de esa empresa criminal”, señaló.
En Alabama, cuatro familias con hijos trans han presentado una demanda para impugnar la nueva ley estatal por considerarla inconstitucional.
El Departamento de Justicia federal se ha sumado a la demanda.
Un juez federal escuchó las pruebas sobre una solicitud para evitar que el estado aplique el estatuto mientras avanza el recurso legal.
Más de 20 organizaciones médicas y de salud mental, incluida la AAP también han pedido al juez que bloquee la ley. La decisión se espera para esta semana.
El estado de Alabama sostiene que la ley trata de proteger a los niños. “La ciencia y el sentido común están del lado de Alabama. Ganaremos esta lucha para proteger a nuestros niños”, dijo la semana pasada el fiscal general estatal, Steve Marshall.
Ahora que la ley entró en vigor, las familias se preguntan si tendrán que desplazarse fuera del estado, y los médicos están preocupados por lo que será de sus pacientes.
Abdul-Latif, originario de Jordania, y la doctora Morissa Ladinsky, pediatra, se trasladaron a Alabama hace años para trabajar como profesores y médicos en la Universidad de Alabama, campus Birmingham.
En 2015, al ver que había más familias con niños que se identificaban como trans y buscaban ayuda para problemas relacionados con el género, decidieron fundar una clínica para tratar a niños con disforia de género. Actualmente tratan a más de 150 jóvenes trans o de género diverso.
Ladinsky, que la semana pasada declaró como testigo en la demanda, dijo a The Associated Press que sintió como si estuviera “caminando en una pesadilla” cuando la legislatura de Alabama aprobó la prohibición.
Afirma que la medida es una extralimitación legislativa sin precedentes sobre las decisiones de los padres y la práctica de la medicina.
“Esta es la primera vez que recuerdo, al menos para los pediatras, que nos vemos obligados literalmente a elegir entre el juramento hipocrático que hicimos de ‘no hacer daño’ y no abandonar nunca a nuestros pacientes o la posibilidad de una condena por un delito grave”, dijo.
