CARACAS (AP) — Ana Margarita Rojas y Elena Hernáiz comparten sus vidas desde hace más de tres décadas y criaron juntas un hijo. Sus vecinos en Caracas las reconocen como una pareja y nunca les preguntan si se dicen “mi esposa” entre sí o no.
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La aceptación social, no obstante, no implica un reconocimiento legal de la pareja. Venezuela es parte de una lista cada vez más reducida de países sudamericanos que todavía no reconocen el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Esto ocurre a pesar de que hace siete años que se pidió al tribunal supremo de Venezuela que se pronuncie sobre el tema y de que el propio presidente Nicolás Maduro solicitó a la legislatura que considere el asunto.
La falta de acción hace que parejas y activistas se pregunten si esta nación abrumada por crisis económicas, sociales y políticas les dará algún día el derecho a casarse. Muchos se sienten ignorados por el gobierno y también por la oposición, que tiene otras prioridades.
“Estamos en un país (en el) que ya el hecho de ser ciudadano es una lucha cuesta arriba, y ser reconocido como ciudadano de minorías es una cuesta arriba más alta”, dijo Rojas, de 59 años. “Aquí hay una gran ignorancia y un gran irrespeto de la ciudadanía… Entonces, si yo no te reconozco como opositor, yo no te reconozco como profesional, yo no te reconozco como ciudadano, menos te voy a reconocer como LGBT.”
La Corte Suprema venezolana, leal al gobierno, aceptó formalmente en el 2016 considerar el tema, pero por ahora no ha emitido fallo alguno.
En un fallo previo, dijo que la constitución no prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo, pero tampoco les reconoce protecciones porque el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Dijo asimismo que les correspondía a los legisladores crear protecciones para las parejas del mismo sexo que no incluyesen el matrimonio.
Algunas parejas se han casado en el exterior, a sabiendas de que su matrimonio no sería reconocido en Venezuela. Otras, como Rojas y Hernáiz, obtuvieron documentos legales que les permiten tomar decisiones médicas de emergencia en nombre de la otra, les da el derecho a la propiedad de la otra, incluidas cuentas bancarias, y la custodia de los hijos.
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Venezuela inició en 1999 una transición hacia el socialismo bajo el gobierno de Hugo Chávez, pero la crisis que sobrevino después de su muerte impidió abordar el tema, como en cambio sí ha sucedido en otros países de América Latina.
“No nos han permitido tener las discusiones serias del siglo XXI”, declaró la abogada Tamara Adrián, una exlegisladora opositora. “Nos enfrascaron durante las últimas dos décadas y media casi en una disyuntiva entre capitalismo y socialismo. En el siglo XXI es algo totalmente, yo diría, superfluo como discusión. En el siglo XXI, (el debate) es desarrollo con inclusión, no hay otra cosa, y eso significa eliminar todas las barreras que existen”.
En América Latina, los tribunales han legalizado el matrimonio gay en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, y lo mismo hicieron los congresos de Argentina, Uruguay y Chile, según la Campaña por los Derechos Humanos.
En octubre del 2020 Maduro pidió a la Asamblea Nacional que considerase una legislación sobre el matrimonio gay y mencionó comentarios que hizo el papa Francisco en un documental, en el que apoyó las uniones civiles de las parejas homosexuales.
“Tengo amigos y conocidos que están muy contentos con lo que dijo el papa. Dejaré esa tarea, la tarea de matrimonio LGBT, a la próxima Asamblea Nacional”, declaró Maduro.
La Asamblea, controlada por el oficialismo, no ha debatido el asunto.
La sociedad venezolana, mayormente católica romana, es conservadora en algunos temas y más liberal en otros. Rara vez condena la homofobia. Altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Chávez alguna vez, a menudo se burlan de los gays e insinúan que sus rivales políticos son homosexuales, en un esfuerzo por hacerlos quedar mal a pesar de que dicen apoyar a la comunidad LGBTQ.
Adrián, la primera legisladora transgénero de Venezuela, dijo que la partida de algunos profesionales que emigraron por la crisis conspira contra las posibilidades de sacar adelante reformas progresistas. El movimiento chavista, por otro lado, buscó el apoyo de los evangelistas y no está claro hasta qué punto esto frena el debate sobre el matrimonio gay.
Activistas convocaron este año a una manifestación de protesta frente a la Corte Suprema, para pedir que se pronunciase sobre el caso que tiene en sus manos. Pero en un país en el que las autoridades pueden frustrar las protestas si previo aviso, apenas una veintena de personas participaron y solo unas pocas se hicieron oír. Su consigna de que “las demoras procesales constituyen violencia patriarcal” apenas si se oyeron a una cuadra.
El activista Tristán Key asistió al acto. Tiene 19 años y difunde a través de TikTok videos filmados en su habitación, decorada con banderas LGBT, para promover los derechos de la comunidad gay, incluido el matrimonio.
Este joven transgénero dijo que no se exige solo la legalización del matrimonio gay, sino también protecciones contra la discriminación. Antes de filmar un nuevo video, reconoció que en el país la gente muere de hambre y por falta de insumos médicos por la crisis, pero señaló que “el odio que hay en este país” tiene también consecuencias mortales.
Key confía en que se aprobará el matrimonio gay en los próximos diez años.
“Mi activismo es apartidista y mi prioridad como activista es los derechos LGBTQ”, afirmó Key. “No me importa quién me lo dé, ya sea Maduro, ya sea (alguien más), con tal de que me lo den”.
