WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema intervino el miércoles en una disputa política entre el gobierno federal y estados con gobernadores republicanos que intentan defender una disposición sobre inmigración de la era del expresidente Donald Trump que el nuevo gobierno ha cancelado.
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Ministros conservadores y liberales de la Corte Suprema reconocieron durante argumentaciones en el máximo tribunal que un gobierno entrante puede cambiar políticas. Es lo que el gobierno del presidente Joe Biden hizo con la norma de “carga pública”, la cual denegaba la entrega de tarjetas de residencia a inmigrantes que utilizan cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
La cuestión para la corte no gira propiamente en torno a la legalidad de la ahora difunta normativa de la era de Trump, sino si un grupo de estados encabezados por Arizona pueden asumir la lucha jurídica a favor de la disposición.
La jueza Elena Kagan planteó al procurador de Arizona, Mark Brnovich —quien presentó los argumentos a nombre del grupo de estados_, que permitir al grupo intervenir en un caso “que está completamente muerto y que en primer lugar jamás se aplicó a ustedes” no es la respuesta. “Quienquiera que sea el gobierno federal, siempre habrá un estado que considere que ha hecho lo incorrecto”, señaló. Otros magistrados plantearon que podría ser factible un derecho limitado a intervenir.
Kagan, por su parte, preguntó si el gobierno de Biden se había equivocado por maniobrar con prontitud para desechar rápidamente la disposición de la era de Trump, en lugar de optar por un proceso más largo. El ministro Samuel Alito dijo que el gobierno había diseñado una estrategia para hacer rápidamente a un lado la normativa y que él no está al tanto «de un precedente en el que un gobierno entrante haya actuado en forma similar».
Sin embargo, Kagan y otros jueces plantearon que, si Arizona objeta la manera en que el gobierno de Biden puso fin a la política previa, debió haber expuesto el asunto ante un tribunal y no intentar lo que Kagan describió como una estrategia para lograr un “tiro de carambola cuádruple” con la intención de intervenir en otros casos.
Otro punto en cuestión para varios jueces fue la geografía. Stephen Breyer, Clarence Thomas y Sonia Sotomayor estuvieron entre los ministros que cuestionaron por qué Arizona forma parte de un caso que se originó en California y Washington. “He visto cómo se ha extendido en Los Ángeles, pero no me parece que haya llegado hasta Arizona”, dijo Breyer, quien el mes pasado anunció su intención de jubilarse.
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El meollo del caso expuesto ante los jueces es una ley federal que dice que los solicitantes de tarjetas de residencia no pueden ser cargas para el país, o “cargas públicas”. El gobierno de Trump amplió de manera considerable la normativa, diciendo que la utilización de prestaciones públicas como cupones de alimentos o el programa Medicaid podrían ser elementos para una descalificación. El asunto fue impugnado en tribunales, pero la Corte Suprema permitió que la política entrara en vigor mientras los casos continuaban.
El gobierno de Biden anuló la disposición y desde entonces ha anunciado nuevos lineamientos. El gobierno dice que en la práctica, durante el año en que la normativa estuvo en vigor, sólo afectó a unas cinco de aproximadamente 50.000 solicitudes a las que se aplicó. El gobierno federal y grupos proinmigrantes han dicho que el mayor impacto de la normativa fue ahuyentar a los inmigrantes, porque hizo que abandonaran las prestaciones o no las solicitaran por temor a que si lo hacían ello pudiera afectarles sus solicitudes para convertirse en residentes legales permanentes.
A pesar de la naturaleza política de los argumentos del miércoles, sí permitieron entrever un punto de coincidencia entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden. En el caso de la normativa sobre la carga pública, un solo juez federal en Illinois falló para bloquear la política a nivel nacional. El gobierno de Trump había criticado órdenes similares de alcance nacional emitidas por un solo juez con las que bloqueaba alguna política en todo el país, diciendo que eran ilegales. El abogado Brian Fletcher, que representa al gobierno de Biden, dijo que el nuevo gobierno comparte ese punto de vista.
Además de Arizona, los estados implicados en el caso son Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental.
