SAN JUAN (AP) — Cuatro hombres caminaron hasta el estacionamiento antes del amanecer, se sentaron bloqueando la entrada y enlazaron sus brazos a la espera de la llegada de cientos de empleados federales y estatales para comenzar su jornada laboral.
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Los cuatro trabajadores de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, que protestaban por años sin aumentos salariales, se negaron a ceder. Fue necesaria la intervención de una unidad especial de la policía para desalojarlos y, mientras eran esposados, uno de ellos gritó: “¡Salario justo! ¡Que nos den lo que nos deben!”.
Este es un reclamo que se ha repetido en toda la isla en las últimas semanas a medida que los empleados gubernamentales y sus partidarios salen a la calle animados por el ejemplo de los miles de maestros de escuelas públicas que, a principios de mes, abandonaron las aulas para exigir un aumento salarial y la mejora de las pensiones.
Las protestas se están multiplicando — los líderes sindicales convocaron otra para el viernes — y el descontento social es uno de los mayores desafíos para el gobernador, Pedro Pierluisi, tras un año de mandato.
“El pueblo sacó a la Marina (de Estados Unidos) en Vieques. Sacó a un gobernador. Podemos hacer esto», afirmó Abner Dumey, quien da clases de historia en la localidad norteña de Naranjito.
Los legisladores son los únicos empleados públicos del territorio estadounidense que perciben un incremento automático que ajusta sus salarios al costo de la vida. Los demás no han visto aumentada su paga en más de una década — de dos, en algunos casos — mientras la vida se encarece y la isla lucha por superar una larga crisis económica y una bancarrota gubernamental luego de huracanes letales, sismos y la pandemia del coronavirus.
Las facturas de la electricidad y el agua son casi un 60% más altas en Puerto Rico que el promedio estadounidense. Los comestibles son un 18% más caros que en el territorio continental, aunque los costos de la atención médica y la vivienda, entre otros, son más bajos, según el Instituto de Estadística insular.
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Marcia Rivera, una economista y socióloga centrada en investigar la pobreza y la desigualdad, dijo que los trabajadores gubernamentales están haciendo frente al incremento de los precios con los mismos salarios que tenían en 2008.
“La gente está harta”, afirmó.
Muchos empleados públicos tienen uno o dos trabajos adicionales para poder llegar a final de mes.
Carlos Javier Vázquez, por ejemplo, es paramédico en la localidad montañosa de Barranquitas, y además da clase de medicina de urgencias y gestiona una empresa de ambulancias para ayudar a mantener a su esposa y a sus cuatro hijos. Es una vida agotadora e insostenible, apuntó.
Pero un paramédico en Puerto Rico percibe un salario base de 1.725 dólares mensuales, así que dijo que no tiene más opción. “Es extremadamente difícil sobrevivir con eso”, afirmó.
En un intento por sofocar las movilizaciones el gobernador prometió a los maestros una subida de 1.000 dólares mensuales apenas unos días después de que el 70% de ellos abandonasen las aulas como protesta a principios de mes. Unos días después, amplió la oferta a directores de escuela, a superintendentes regionales y a otros.
Poco después, prometió un aumento de 500 dólares mensuales para los bomberos y otro del 30% para los paramédicos.
Las acciones de Pierluisi avivaron el enfado de otros empleados gubernamentales: algunos demandaron mejoras salariales y otros se molestaron con los recientes comentarios del mandatario de que nadie está obligado a ser bombero o policía.
El problema es que todas esas subidas prometidas por Pierluisi dependen de fondos federales que expiran en los próximos años, y muchos no le creyeron cuando se comprometió a encontrar financiación local para que la mejora sea permanente.
Esa promesa preocupa también a los economistas ya que la isla trata de reestructurar una deuda pública de 70.000 millones de dólares tras décadas de mala gestión, corrupción y préstamos excesivos que obligaron al ejecutivo a declarar la mayor bancarrota municipal en la historia de Estado Unidos en 2017, apenas unos meses antes de que el huracán María azotase la isla.
“Es muy irresponsable», dijo Antonio Fernós, un economista y profesor universitario puertorriqueño que cree que el gobierno será incapaz de mantener las mejoras. “Es la primera lección de lo que no se debe hacer en finanzas públicas».
Según Fernós, una de las causas clave que condujo a la quiebra del gobierno fue emplear financiación temporal para cubrir gastos fijos.
“Aún no han aprendido la lección», afirmó. “Puerto Rico es el ejemplo de la mala gestión financiera gubernamental. Este es el peor momento para todos los asalariados».
Rivera se mostró de acuerdo y señaló que no debería autorizarse ningún incremento salarial sin que se haya establecido una política financiera. Además, agregó que Pierluisi no debe gobernar respondiendo a los gritos.
“Se abrió la caja de Pandora», manifestó. “No va a poder atender toda la demanda que él mismo generó”.
El anuncio del gobernador se produjo unas semanas después de que la junta de control federal que supervisa las finanzas del territorio aprobó un plan fiscal que incluía pequeñas mejoras salariales para maestros, bomberos y otros empleados. Según los supervisores, el estado de las cuentas regionales no permitía más.
Según Pierluisi, el nuevo plan compensación entrará en vigor el próximo año y supondrá un incremento salarial para miles de empleados públicos, aunque reconoció que no podrá subir el de todos los funcionarios.
“Obviamente no puedo complacer a todo el mundo. Eso es imposible», afirmó el miércoles.
Ese mismo día, anunció un aumento del 30% en la paga de los operadores y los técnicos de emergencias médicas, incluyendo los paramédicos. El jueves anunció una subida de 500 dólares mensuales para los funcionarios de prisiones.
Y aunque los economistas advierten de la falta de fondos, los líderes sindicales dicen que estas promesas son solo un buen primer paso. Sostienen que hace falta más y se quejan de que el gobierno está recortando los beneficios de las pensiones y subiendo la edad de jubilación.
Wanda Ramos, una profesora de educación especial en Caguas, señaló que la pensión que recibirá cuando se retire se redujo de 2.400 dólares mensuales a 960. Y apuntó que ahora pasa apuros tras 12 años sin una actualización de su salario.
“Tengo que escoger lo esencial. No puedo tener la nevera llena», afirmó Ramos, añadiendo que destina una parte considerable de su sueldo a pagar la educación universitaria de su hija.
Migdalia Santiago, quien también es maestra de educación especial, dijo que tiene problemas parecidos.
“(Si) pagas luz, no pagas agua», declaró.
En Puerto Rico, los profesores de las escuelas públicas tienen un salario base de 1.750 dólares mensuales y reclaman un mínimo de 3.500. Por su parte, los bomberos perciben un sueldo base de 1.500 dólares y reclaman 2.500 además de mejoras en su plan de pensiones.
El líder sindical José Tirado dijo que antes los bomberos podían retirarse a los 55 años, tras 30 de servicio, con hasta el 75% de su salario. Ahora, la edad mínima de jubilación es de 58 años y perciben apenas el 33% de su sueldo, explicó.
“La calidad de vida, con esos sueldos que ganan, es de miseria”, afirmó Tirado.
