BANGKOK (AP) — Una huelga nacional en Myanmar marcó el martes el primer aniversario de la toma del poder por parte del ejército, así como protestas y violencia esporádica en todo el país que renovaron la preocupación internacional por la actual lucha por el poder.
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Fotos y videos que circularon por las redes sociales mostraron que la llamada “huelga silenciosa” en todo el país vació las calles en la ciudad más grande de Myanmar, Yangón, y otras urbes mientras la gente se quedaba en casa y los negocios cerraban sus puertas en una muestra de oposición al gobierno militar.
También se reportaron hechos de violencia, en momentos en que el país enfrenta una insurgencia que algunos expertos de la ONU caracterizan ahora como guerra civil.
Los medios locales dijeron que una explosión mató al menos a dos personas e hirió a decenas durante un mitin en apoyo al gobierno militar en un pueblo en la frontera con Tailandia. La causa de la explosión no quedó clara de momento.
La toma del poder por parte de los militares el 1 de febrero de 2021 derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, cuyo partido Liga Nacional por la Democracia estaba a punto de comenzar un segundo mandato después de obtener una victoria aplastante en las elecciones de noviembre del año anterior.
Hubo manifestaciones no violentas generalizadas tras la toma del poder por los militares, pero las protestas fueran reprimidas con fuerza letal. Después surgió una resistencia armada. Cerca de 1.500 civiles han muerto, pero el gobierno no ha podido reprimir a la oposición.
El aniversario atrajo la atención internacional, especialmente de Estados Unidos y las naciones occidentales que critican la toma militar.
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El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió en un comunicado que las fuerzas armadas liberen a Suu Kyi y a otros detenidos, y que regresen a Myanmar al camino de la democracia.
Washington impuso el lunes nuevas sanciones a los funcionarios de Myanmar, que se suman a otras que apuntan a los principales oficiales militares. Las medidas congelaron todo activo que los funcionarios nombrados puedan tener en las jurisdicciones de Estados Unidos y prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellos. Gran Bretaña y Canadá anunciaron medidas similares.
