SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Funcionarios de Illinois buscan respuestas tras el asesinato la semana pasada de una trabajadora estatal de bienestar infantil durante una visita domiciliaria, la segunda tragedia de este tipo en menos de cinco años.
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Deidre Silas, una investigadora del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Illinois (DCFS, por sus siglas en inglés), murió apuñalada el martes pasado cuando acudió al lugar tras una llamada donde se reportó que podría haber niños en riesgo en una vivienda en el poblado de Thayer, en el centro de Illinois.
Un hombre relacionado con uno o más de los seis niños que estaban en la casa en ese momento, Benjamin Reed, de 32 años, se encuentra detenido en la cárcel del condado Sangamon sin derecho a fianza por asesinato en primer grado y otros cargos. Un intento de The Associated Press de contactar al abogado de Reed el viernes fue infructuoso.
La muerte de Silas es la segunda vez en cuatro años y medio que funcionarios estatales y la comunidad de trabajo social preguntan qué debería haberse hecho, pero no se hizo, para evitarla. La investigadora del DCFS Pamela Knight, de 59 años, murió tras recibir una golpiza brutal al intentar retirar a un niño en peligro de su padre en septiembre de 2017.
Al igual que Silas, Knight se hallaba sola al momento de ser agredida. Funcionarios del DCFS, que tienen a unos 23.000 niños bajo su cuidado, no han dado detalles sobre las circunstancias detrás de la visita de Silas a la vivienda en Thayer, pero el director del DCFS, Marc Smith, dijo la semana pasada que se siguió el protocolo de la agencia.
La agresión contra Silas también representó la 21ra ocasión desde 2017 que los asignados a casos son sujetos a “amenazas o actos de violencia” durante 2,5 millones de visitas domiciliarias en Illinois, de acuerdo con el vocero de la agencia, Bill McCaffrey.
Su muerte ha generado dudas sobre por qué los trabajadores sociales son enviados solos a ambientes potencialmente volátiles y si la falta de personal —un problema que ha plagado al DCFS por décadas pese a un decreto de acuerdo federal para regularlo— afecta la respuesta de los asistentes sociales en campo.
