PUBLICIDAD
La Defensoría del Pueblo cuestionó que, a dos años y siete meses del incendio ocurrido en la comunidad shipibo-conibo de Cantagallo, continúen las demoras en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades con las personas que vivían en dicha zona. “Ello afecta su derecho de acceso a una vivienda digna y perjudica otros derechos como la educación o el trabajo” indicó la institución en un comunicado.
Además, la Defensoría del Pueblo recordó que, el 15 de diciembre del 2016, más de 200 familias afectadas por el incendio, que incluye a por lo menos 350 menores de edad, acordaron desocupar el terreno donde se ubicaban, a fin de permitir el desarrollo del proyecto de adjudicación de lotes a favor de los miembros de la comunidad, la implementación de servicios básicos y el posterior otorgamiento de bonos familiares habitacionales.
Sin embargo, de acuerdo con la Defensoría, esa situación ha repercutido de manera negativa en el ejercicio del derecho a la educación de los menores.
“Se habría producido la deserción de 70 estudiantes de los 250 matriculados en la Institución Educativa Intercultural Bilingüe que atendía a los niños de Cantagallo, mientras otros tienen una asistencia irregular, debido a la inseguridad de la zona donde se reubica la institución (jirón Virú – Rímac) y a los escasos recursos de sus familias, que dificulta su traslado al colegio”, expresó la jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Nelly Aedo.
La funcionaria también señaló que las familias detallaron que se ha afectado su derecho al trabajo, ya que la reubicación ha perjudicado la venta de sus artesanías que, anteriormente, se realizaban en un solo lugar y, asimismo, limita su forma de vida comunal.
Aedo explicó que a la fecha se han realizado diversas gestiones por parte de entidades del Estado para cumplir con parte de los acuerdos, “sin embargo, estos son insuficientes para mejorar las condiciones de vida de la población Shipiba de Cantagallo”.
PUBLICIDAD
Por lo que observó con preocupación que se haya dilatado el inicio de las acciones encaminadas al desarrollo del proyecto de habilitación urbana, que incluso ha propiciado una movilización de las familias afectadas en abril pasado.
A fin de superar estas dificultades, el 24 de abril del 2019 se suscribió un acta con compromisos y plazos específicos para llevar a cabo las acciones necesarias para dar inicio al Programa de Adjudicación de Lotes (PAL), a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), para finales de mayo, sin embargo, aún se encuentran pendientes la obtención de certificaciones e informes que permitan la realización de estas actividades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de Lima.
“En el marco de sus competencias constitucionales, la Defensoría del Pueblo invoca a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para que —dentro de los nuevos plazos acordados— cumplan con entregar a las familias shipibo-conibo de Cantagallo las viviendas que mejoren sus condiciones de vida, así como adoptar de manera urgente medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de los niños y niñas afectadas”, indicó la institución.
NOTAS RELACIONADAS
Úrsula Letona aseguró que mensaje en el chat era una instrucción política para no interferir
Miraflores: este viernes 21 se inicia la feria de artesanía ‘De Nuestras Manos 2019’
Roban corona de estatua del Señor de Sipán un día después de su inauguración
Autoped, conoce al padre de los scooters eléctricos de hoy
