El abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, aseguró este domingo que el Ministerio Público no podría pedir prisión preventiva contra su patrocinada puesto que ella no ha incumplido en ningún sentido la orden de comparecencia con restricciones que se la ha impuesto.
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El letrado indicó que esta situación no cambiaría así se corrobore toda la información que proporcione Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, al Equipo Especial de la fiscalía durante los interrogatorios que se iniciarán el martes 23 en Brasil.
“En el caso de Susana [Villarán] [para] pedir una prisión preventiva tendrían que solicitar que se revoque la comparecencia con restricciones. [Si desean] variar esta medida, ella tendría que haber incumplido con tales restricciones que le impuso el juez. Por más que [Jorge] Barata mañana diga que existen pruebas suficientes, supongamos que se corrobore, deberá acreditarse el peligro de fuga en el caso concreto, como no firmar. Y ella no ha incumplido”, sostuvo en diálogo con el diario ‘Correo’.
Como se recuerda, en su momento el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, indicó que cuando les llegó el caso de Susana Villarán, sobre ella pesaba una orden judicial de comparecencia restringida y en caso de variar la misma requieren de “nuevos presupuestos legales”, lo que es “muy complicado”.
“Cuando heredamos el caso Lava Jato, heredamos el caso de la señora** Villarán **con una decisión judicial de comparecencia con restricciones e impedimento de salida y de otras personas. Recibimos una situación jurídica resuelta y para poderla variar, necesitamos nuevos presupuestos legales. Variar una medida de coerción es muy complicado”, señaló en aquel momento al Diario El País de España.
Jorge Barata, ex representando de Odebrecht en el Perú, declarará ante los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato entre el martes 23 y viernes 26 de abril en Brasil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con el Ministerio Público.
El exfuncionario de Odebrecht rendirá su testimonio sobre las coimas que habría pagado durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016); así como los presuntos aportes a la campaña del ‘No a la revocatoria’ a favor de la ex alcaldesa Susana Villarán.
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