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Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com
Uno de los argumentos más frecuentes que escucho cada vez que discuto sobre el tema de las áreas mínimas de departamentos es que está bien que las municipalidades prohíban que las inmobiliarias construyan ‘ratoneras’, refiriéndose a los departamentos pequeños. ¿Pero qué entendemos por ratoneras?
El Estado debería regular aquellas condiciones para que una persona o grupo pueda habitar una vivienda con las dimensiones mínimas necesarias, y esto es fácilmente mensurable. Si sumamos un dormitorio de 12 m2, un baño de 4 m2 y una sala-comedor-cocina de 20 m2, estamos hablando de un departamento de 36 m2, casualmente el área mínima para un departamento de un dormitorio en ciudades como Nueva York, Londres o Barcelona. Un área que, además, podría reducirse si pensamos en edificios con servicios comunes como cocinas, comedores o lavanderías, pero ya ese es otro tema.
Quienes llaman a estos departamentos ‘ratoneras’, o aquellos que creen que el área mínima de un departamento para una persona debería ser de 70, 90 o 100 m2 porque así están garantizando la ‘calidad de vida’ de sus habitantes, no entienden las lógicas de una ciudad contemporánea, donde la calidad de vida no recae en el tamaño del departamento, sino en qué tan cerca tienes y qué tan buenos son los servicios o infraestructura que utilizas: tu oficina, tu mercado, tu colegio, tu parque o tu huarique. Y es precisamente la cercanía a estos servicios la que eleva el valor del suelo y donde tiene más sentido construir departamentos pequeños.
Si el valor final de un departamento está en función de los servicios y atractivos que ofrece un barrio, y de su tamaño, entonces el Estado no tiene por qué elevar el precio limitando su tamaño mínimo. Salvo que ese tamaño no sea el mínimamente adecuado, pero ya sabemos que 36 m2 bastan y sobran para una o dos personas.
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Aquella pareja o soltero que pueda comprarse un departamento de 90 m2, enhorabuena, pero que el Estado limite las áreas mínimas precisamente atenta contra la calidad de vida de la mayoría, pues impide que la mayor parte de la población acceda a esos lugares que cuentan con centros de trabajo, de estudio, buenos parques, entre otros servicios.
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