El fiscal supremo Pablo Sánchez emitió una orden de videovigilancia contra el destituido juez supremo César Hinostroza antes de que fugara del país hacia España, el 7 de octubre del año pasado.
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Según el programa “Panorama”, el también ex fiscal de la Nación emitió tres disposiciones el 18 de julio, el 27 de agosto y el 12 de setiembre de 2018, esta última con una vigencia de 60 días, para vigilar y grabar legalmente al ex juez supremo.
La última orden caducaba el 12 de noviembre, pero Hinostroza Pariachi dejó su vivienda el pasado 7 de octubre, abandonando el país a través de Ecuador para dirigirse a España, previa escala en Holanda.
El seguimiento al ex magistrado se dio en el marco de la investigación por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) del Ministerio del Interior.
Así consta en el oficio 300-10-2018 de la DIGIMIN del 5 de octubre de 2018. En un total de 38 actas dirigidas al fiscal supremo Pablo Sánchez, la División de Búsqueda de la DIGIMIN daba cuenta de las labores de inteligencia que realizaba en la casa de Hinostroza, en San Borja.
Consultado sobre por qué no informó sobre estas órdenes de seguimiento, el exfiscal de la Nación afirmó que no le pareció importante contarle al país de dicha medida. La fuga de César Hinostroza provocó la renuncia del entonces ministro del Interior, Mauro Medina, el 17 de octubre.
Este aseguró a “Panorama” que no sabía nada del monitoreo al ex juez supremo, pues el seguimiento a una determinada persona es reservado, al igual que las escuchas legales, a fin de evitar filtraciones.
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Medina no participó de las indagaciones posteriores, por eso dice que no se enteró de la videovigilancia. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguran que las coordinaciones no se realizaron con esa cartera, sino con el sector Interior.
Como se recuerda, el primer ministro, César Villanueva, había asegurado en ese entonces que Hinostroza Pariachi solo contaba con orden de impedimento de salida del país, mas no con una orden de captura.
Señaló que la orden de detención contra el ex juez no pudo ser emitida debido a que el Congreso de la República demoró 12 días en enviar el expediente de la acusación constitucional al Ministerio Público.
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