El 27 de julio se publicó el Decreto Legislativo 1182, el cual también fue mencionado por Ollanta Humala en su mensaje a la Nación como una medida para combatir al crimen organizado. Sin embargo, hoy, la polémica medida es más bien conocida como la ‘ley stalker’. Aquí te contamos de qué se trata.
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1. ¿QUÉ IMPLICA? Básicamente, la ley permite a la Policía solicitar a las operadoras de telecomunicaciones la información de la localización y geolocalización de “equipos de comunicación”. Por tanto, se cree que no solo se refiere a celulares; sino también a tablets, iPods y hasta laptops.
Pero ojo, las autoridades solo podrán acceder a esta información si se dan estos 3 requisitos:
– Delito flagrante.
– Cuando el delito investigado sea sancionado con más de 4 años de pena privativa de la libertad.
– El acceso a los datos sea una necesidad para la investigación.
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Tras hacer el pedido, las empresas de telefonía deben brindar la información requerida en un plazo máximo de 24 horas.
3. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA LEY? Esta ley solo permite localizar geográficamente un aparato, más no vulnera el secreto a las telecomunicaciones, ya que no permite acceso al contenido de la comunicación. Así lo aclaró, en conversación con “La República”, Mauricio Medina Guimaraes, viceministro de Orden Interno.
2. ¿PARA QUÉ? La idea es que esta medida ayude a combatir la delincuencia. Actualmente, el conseguir una autorización judicial para hacer que las empresas de telefonía entreguen la información mencionada tarda unos 90 días, según Medina. La medida facilitaría principalmente la localización y captura de secuestradores (que se comunican a través de sus celulares) o extorsianadores telefónicos.
“Es una herramienta fundamental para capturar a los delincuentes”, indicó sobre el tema el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe.
3. ¿POR QUÉ LA CRITICAN? Los principales detractores de la ley afirman que esta atentaría contra nuestro derecho a la privacidad. Asimismo, afirman que se abriría una ventana muy peligrosa, según consigna El Comercio.
‘Aunque el juez revoque la medida luego, los datos y la ubicación ya podrán haber sido obtenidos por la PNP y [el decreto] no dice qué se puede o debe hacer con ello’, indicó el abogado Erick Iriarte al mencionado diario.
Es decir, en resumen, el principal riesgo sería que la PNP haga un mal uso de la información recabada. Según Pérez Guadalupe, si esto pasara, los agentes implicados serían procesados judicial y penalmente.
