Quito. Dos miembros del gobierno del ex mandatario Rafael Correa fueron detenidos este viernes en Ecuador, en el marco de una investigación por el supuesto financiamiento de empresas, entre ellas Odebrecht, a su campaña presidencial de 2013.
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En un operativo “por un presunto delito de concusión” realizado en la costera ciudad de Guayaquil (suroeste) fueron detenidos “los ex funcionarios públicos Alexis M. y María de los Ángeles D.”, señaló la fiscalía en un comunicado.
Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, y María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, fueron capturados “con fines investigativos”, agregó en Twitter la fiscalía, que indaga los presuntos aportes ilegales recibidos por el movimiento oficialista Alianza País (AP).
La investigación del denominado caso “arroz verde” comenzó a raíz de la divulgación de un reporte del portal La Fuente. Por esa publicación, están detenidas otras dos funcionarias del gobierno de Correa, en el poder entre 2007 y 2017.
En el artículo se detalla que funcionarios del gobierno de Correa, entre ellos Mera, Duarte y el ex vicepresidente Jorge Glas, recibieron aportes por 11,6 millones de dólares de empresas privadas para financiar la campaña de 2013.
Entre esas firmas mencionadas en el reporte aparece la constructora brasileña Odebrecht.
Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación para revisar los informes económicos del oficialismo del cual Correa se apartó en 2018 desde 2012 a 2016.
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Su desvinculación se produjo en medio de una pugna de poder con su sucesor y exaliado, el presidente Lenín Moreno, quien fue su vicepresidente entre 2007 y 2013.
En 2013, Alianza País ganó la elección presidencial con el binomio conformado por Correa y Jorge Glas, condenado en primera instancia a seis años de cárcel por recibir sobornos por 13,5 millones de dólares de la firma brasileña.
Glas fue reelegido en 2017 junto a Moreno, pero perdió su cargo en 2018 al estar encarcelado.
**Ecuador **sanciona la concusión, que implica el abuso de un cargo público para exigir la entrega de contribuciones económicas, con una pena de hasta cinco años de prisión. Además, lo considera un delito imprescriptible.
Fuente: AFP
