Quito. El Gobierno de Ecuador **pedirá a partir de hoy una constancia de antecedentes judiciales a todos los venezolanos que ingresen en su país, anunció su vicepresidente, **Otto Sonnenholzner, a raíz de un feminicidio perpetrado por un hombre de esa nacionalidad, que generó rechazo y muestras de xenofobia.
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En un mensaje a la nación, el vicepresidente ecuatoriano aseguró que su país ha agotado “todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que permitan verificar la información de quienes llegan al país”.
“Desde hoy, y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, informó Otto Sonnenholzner.
El anuncio llega tras el asesinato el pasado sábado de una mujer embarazada en la ciudad andina de Ibarra (al norte de Ecuador), hecho que tildó de “deleznable” y que, dijo, “ha llenado de dolor a la sociedad”.
Por su parte, el presidente Lenín Moreno dispuso la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en interior del país y en la frontera.
Además, agregó que también su gobierno analiza “la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país” para los venezolanos, que hasta ahora pueden entrar a **Ecuador **con tan solo presentar su cédula.
La ministra de Interior, María Paula Romo, indicó al respecto que la cancillería y otros ministerios trabajan “para poder tener un permiso especial, que permita cumplir con los derechos relacionados a la libre movilidad, pero que al mismo tiempo nos permita (…) garantizar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos ecuatorianos”.
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Cerca de la medianoche del sábado en **Ibarra **un venezolano asesinó a cuchilladas a una ecuatoriana embarazada cuando estaba rodeado por policías que lo apuntaban con sus armas y que no actuaron para evitar el crimen, en plena calle.
El domingo, otro venezolano también hirió con un cuchillo a una mujer para robarle en Cuenca, de acuerdo a la prensa local.
— Rechazo ciudadano —
El hecho en **Ibarra **desencadenó gestos de xenofobia y el rechazo de la ciudadanía, que llegó a agredir con pedradas a migrantes venezolanos, quienes empezaron a abandonar esa localidad andina.
“La gente nos grita obscenidades. Por el problema de anoche ya no nos quieren ver, nos lanzaron piedras. Por uno pagamos todos”, dijo el venezolano Juan Pablo Rúa en declaraciones divulgadas por el diario ecuatoriano El Universo.
Cargando algunas pertenencias, Rúa y otros diez compatriotas que permanecían en Ibarra decidieron tomar a pie la ruta Panamericana Norte, que conduce hacia la frontera con Colombia, añadió.
Pobladores desalojaron a los extranjeros de parques donde dormían, quemaron pertenencias de algunos de ellos y los persiguieron hasta el norte de la ciudad para exigirles que la abandonen, según el periódico.
En Quito, una marcha convocada con anticipación para protestar contra la violencia a la mujer, frente a una reciente violación múltiple, derivó en rechazo al feminicidio.
“Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad”, manifestó Moreno.
— Puertas abiertas —
A los venezolanos “les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, dijo el jefe de Estado, quien luego del Foro de Davos visitará la Universidad de Salamanca, España, el próximo viernes.
**Ecuador **estima que en su territorio permanecen unos 300.000 venezolanos que han huido de la crisis política y económica en su nación.
Entre 2014 y 2018 ingresaron a **Ecuador **más de 1,2 millones de venezolanos, de acuerdo con la cancillería, que ha otorgado unas 97.000 visas a peticionarios de esa nacionalidad.
El gobernante cuestionó que los policías no hayan actuado para evitar el asesinato de la mujer.
“Es deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder”, señaló.
La ministra Romo dijo en principio que la muerte de la ecuatoriana “debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía”, que se ordenó el cambio de la gobernadora y del jefe policial de la provincia de Imbabura y el “envío inmediato de fuerzas especiales” de la Policía a la zona.
Tras el feminicidio, la funcionaria señaló a la prensa que la policía comprará armamento no letal para enfrentar la situación de inseguridad.
Fuente: EFE y AFP
