Johnny Depp ya perdió un litigio por difamación en Londres contra el diario The Sun, que lo calificó como “golpeador de esposas”, pero ahora quiere evitar que lo mismo le suceda en otra batalla legal, ahora contra su ex esposa Amber Heard.
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El protagonista de Piratas del Caribe contrató a la abogada Kathleen Zellner, famosa por revocar condenas injustas, y la unió a su equipo de trabajo en una demanda por 50 millones de dólares a Heard, quien escribió un artículo periodístico en el Washington Post, en el que describió haber sido víctima de abuso doméstico.
Depp niega las acusaciones
Aunque la actriz de Aquaman nunca nombró a su ex esposo en el mencionado artículo, Depp asegura que ella quiso referirse a él, porque ya anteriormente lo había causado de haber recibido una golpiza del actor, quien también niega esas acusaciones de 2015.
Zellner se hizo un nombre prominente en el mundo legal gracias al caso de Steven Avery, quien fue el tema de una docuserie de Netflix llamada Making a Murderer, en 2015 y 2018.
Avery pasó 18 años de una sentencia de 32 años de prisión antes de ser exonerado por una prueba de ADN y liberado dos años después, aunque dos años después fue acusado de otro asesinato diferente y enjuiciado en 2007 por la muerte de la fotógrafa Teresa Halbach, documentado por Netfilx, y que terminó con una sentencia de cadena perpetua que Zellner está aún tratando de anular.
30 años de experiencia
“He pasado los últimos 30 años defendiendo a personas que han sido acusadas falsamente de malas acciones”, dijo Zellner en un comunicado a Page Six. “Doy la bienvenida a agregar a Johnny Depp a esa lista y unirme al equipo de sus sueños que comparten este punto de vista y lo han defendido de manera tan efectiva”.
Zellner se une al equipo de abogados de Depp, que incluye a Adam Waldman y a Benjamin Chew, y que busca limpiar el nombre del actor, de 58 años.
Zellner también represento a Kevin Fox, quien fue falsamente acusado de asesinar a su hija Riley y fue exonerado por una prueba de ADN, ganando después un veredicto de 15,5 millones de dólares por la violación de los derechos civiles de su cliente.
