El Instituto de Defensa Legal (IDL), la organización Flora Tristán y juristas presentaron una demanda de amparo y una medida de carácter cautelar contra el Congreso de la República, para que se suspenda la elección de seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) programada para este lunes 30 de setiembre.
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‘Hemos presentado esta demanda de amparo. Dado que suelen demorarse de manera a veces exagerada, hoy hemos presentado una medida de carácter cautelar que tiene como objetivo la suspensión del proceso de selección que se desarrollaría la próxima semana, el día 30 que es la fecha en la que el Congreso de la República ha convocado la elección de los miembros del TC‘, afirmó el abogado de IDL, Carlos Rivera, en diálogo telefónico con Canal N.
El abogado dijo esperar que el juzgado al que ha ingresado este proceso considere las ‘graves irregularidades’ que se han consignado en el pedido y que además son de público conocimiento.
‘Esperamos que el juzgado al que ha ingresado este proceso tenga la disposición de tomar en consideración las graves irregularidades de las que hemos dado cuenta en este documento […] y tome la decisión de ordenar y disponer la suspensión de ese proceso por considerar que hay graves afectaciones a derechos y estándares fundamentales de elección [de los miembros del TC]’, señaló.
La demanda de amparo y la medida cautelar fueron planteadas ante el Juzgado Constitucional de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Carlos Rivera manifestó que el proceso que deben seguir las medidas presentadas es ‘simple y concreto’ ya que no se necesita actividad probatoria ni declaraciones, por dañar derechos constitucionales.
‘La ley procesal constitucional establece este procedimiento de carácter urgente dada la urgencia de resguardar derechos fundamentales que son los que hemos señalado. En este caso se están lesionando lo que son los derechos al acceso de la justicia, a la participación política que tiene el rango de derechos constitucionales y es la razón por la cual hemos optado por este proceso constitucional de amparo contra el Congreso de la República’, sostuvo.
Finalmente, el abogado precisó que con esta medida no se está atentando contra la autonomía del Congreso que tiene como parte de sus funciones la elección de los miembros del TC, pero sí se está estableciendo ‘que todo acto que desarrolle algún funcionario público también puede ser objeto de control de legalidad y constitucional’.
