La ministra de la Producción, Rocío Barros, informó que su sector ha separado a algunos funcionarios e iniciado procesos disciplinarios administrativos para determinar responsabilidades en el caso del congresista Roberto Vieira.
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Como se recuerda, el legislador no agrupado fue acusado por su primo Guillermo Venegas Vieira de pedirle U$S25,000 a cambio de interceder en Produce para levantar una sanción de caducidad de permiso de pesca a una embarcación.
“Se han separado a algunos funcionarios por resoluciones de contrato y también se han iniciado los procesos disciplinarios administrativos internos para determinar las responsabilidades del caso”, señaló en conferencia de prensa.
Precisó que otra de las medidas fue implementar una sala para aquellos ciudadanos que deseen hacer consultas sobre sus procesos administrativos en el portafolio de Produce, la cual cuenta con sistema de cámara, video y audio.
“Debo mencionar que existe en la actualidad una investigación fiscal a la cual nosotros nos hemos sometido y estamos prestando todas las facilidades desde el primer día, dando toda la documentación necesaria, así como todo el sistema de grabación interno para que se puedan determinar las responsabilidades del caso”, señaló.
Explicó que el proceso disciplinario administrativo cuenta con varias etapas y ya se tomaron las primeras declaraciones, a cargo de un secretario técnico, a fin de garantizar el debido procedimiento a los implicados.
“Yo no podría decir que esto podría durar dos o tres meses porque primero es un ente autónomo, con lo cual cuando culmina la investigación, ésta sube al despacho de la viceministra [de Producción] para tomar las acciones que recomiende esta secretaría técnica. Hemos pedido la celeridad del caso, pero no podemos intervenir porque estaríamos violando el debido proceso”, sentenció.
Cabe indicar que el pasado 29 de marzo Roberto Vieira, quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, guardó silencio ante el fiscal supremo provisional Luzgardo Ramiro González Rodríguez, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
