Madrid. Asociaciones de prensa, medios de comunicación y periodistas de toda España se han unido para exigir respeto al secreto profesional y protestar contra el ataque a la libertad de información que supone la incautación de teléfonos móviles y ordenadores de reporteros decidida por un juez.
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El lunes pasado, agentes de la Policía registraron las sedes de dos medios de comunicación en Palma de Mallorca (región insular mediterránea de Baleares) por orden judicial y se incautaron de teléfonos, computadoras y documentos de dos reporteros por un supuesto delito de revelación de secretos en la difusión de noticias sobre un caso de corrupción.
Hasta ahora, 658 periodistas han firmado un escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces) debido a su “intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión” en el derecho a la información y el secreto profesional, que reconoce la Constitución española.
El CGPJ, por su parte, expresó su compromiso y defensa de ese derecho fundamental, pero advirtió hoy de que no puede revisar las decisiones de los jueces, que son a quienes corresponde establecer su alcance y límites.
“Sin una prensa libre que cuente con un marco adecuado de protección no es posible el desenvolvimiento de una sociedad democrática”, matizó el CGPJ en una declaración.
Más de 200 informadores reprocharon ayer que la Fiscalía apoyara la decisión judicial de registro de esos dos medios, el Diario de Mallorca y la agencia de noticias Europa Press.
Los medios y los dos periodistas afectados presentaron hoy una querella criminal contra el magistrado que lo ordenó, Miguel Florit, por los delitos de “prevaricación”, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el derecho al secreto profesional.
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Numerosos periodistas han llevado sus quejas a las redes sociales, como Twitter, donde publican selfis en los que se tapan la boca y enseñan los móviles con la etiqueta #ElSecretoNoSeToca.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la más importante de España, exigió hoy también la devolución del material requisado y pidió a la Fiscalía General del Estado que retire el apoyo a las actuaciones “coercitivas” ordenadas por el juez.
La policía también recabó, hace algunas semanas y por orden judicial, un documento en la sede de la Agencia EFE en Palma relacionado con el mismo caso. Los agentes pidieron a una periodista de este medio información sobre sus fuentes, pero no fueron reveladas.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) se mostró indignado por que se hayan contravenido principios fundamentales de la libertad de información y del “inalienable” secreto profesional.
Con el lema “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información”, los periodistas españoles están convocados a concentrarse mañana en las proximidades del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, en Madrid.
Fuente: EFE
