París. Los partidos de izquierda en el Parlamento de Francia presentaron hoy una moción de censura contra el Gobierno por su gestión de la crisis de los “chalecos amarillos” y para hacer escuchar sus propias propuestas.
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“El vínculo de confianza entre nuestra población y el Gobierno está roto y no vemos ninguna posibilidad de que este último retome esta relación. El divorcio está firmado, hay que cambiar de rumbo”, indica el texto apoyado por socialistas, comunistas y La Francia Insumisa.
En la moción consideraron que es su deber “encontrar una salida política a la crisis actual y mostrar que existe otra vía”, y criticaron que los anuncios de ayer del presidente, Emmanuel Macron, no son “justos ni responsables” y no tienen capacidad de “responder a la ira y a las reivindicaciones de los franceses”.
“Otras opciones son posibles, más justas y eficaces. La población pide principalmente que cese la injusticia fiscal”, añade ese texto, que subraya que aunque el aumento de la tasa sobre el carburante cristalizó esa rabia, esta es reflejo “de un malestar más profundo del que son víctima quienes viven de su trabajo”.
Los firmantes destacaron que la ecología no puede servir de pretexto para “agravar las desigualdades” e insistieron en que la anulación de ese impuesto “no puede ser compensado por nuevas restricciones presupuestarias”.
Las formaciones de izquierda iban a presentarla este lunes, pero decidieron esperar a que Macron desgranara anoche un conjunto de medidas sociales para frenar las protestas.
Los diputados deberán votarla al menos 48 horas después de su presentación.
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Su proposición tiene escasas opciones de prosperar debido a la cómoda mayoría absoluta de la que dispone en esa cámara el partido gubernamental, La República En Marcha (LREM), pero según avanzó el pasado jueves el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, se lanza para demostrar que “otra vía es posible”.
La presentación tiene lugar el mismo día en que el primer ministro, Édouard Philippe, defendió en la Asamblea Nacional las medidas decididas por el presidente.
Entre ellas, un aumento de cien euros del salario mínimo ahora de 1.498 euros brutos; la congelación del alza de las cotizaciones para los jubilados con pensiones inferiores a los 2.000 euros, o la decisión de que las horas extra no tributen.
El portavoz del Ejecutivo, Benjamin Griveaux, indicó hoy que el coste de las iniciativas previstas se situará entre los “8.000 y 10.000 millones de euros”.
Fuente: EFE
