El Gobierno de Uruguay decidió rechazar el pedido de asilo diplomático solicitado por el ex presidente Alan García, quien es investigado por la fiscalía por el presunto pago de coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).
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En la noche del sábado 17 de noviembre, el ex mandatario llegó a la residencia del embajador de Uruguay en San Isidro para solicitar asilo, según él, porque estaba siendo objetivo de una persecución política.
En una carta dirigida a la opinión pública, redactada y publicada luego de haber solicitado el asilo diplomático, Alan García criticó que siga siendo cuestionado luego de haber sido investigado por el Ministerio Público y el Congreso de la República durante varios años.
“Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa”, denunció el líder aprista.
Alan García descartó que haya cometido algún acto ilícito al haber brindado una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en el 2012, por la que habría recibido u pago de US$100 mil que habrían tenido como origen el sector de operaciones estructuradas de Odebrecht. Esto, según diversos correos electrónicos que fueron entregados por funcionarios de esta empresa como parte de un proceso de delación premiada.
“Es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación (Industrial de Sao Paulo) y su agencia, enviados desde el Banco do Brasil y por lo que pagaron impuestos”, señaló el ex jefe de Estado.
Como se recuerda, Alan García es investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Además, el portal IDL-Reporteros reveló que el exmandatario recibió 100 mil dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por medio de la empresa del abogado José Américo Spinola.
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El pasado 17 de noviembre el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción dictó orden de impedimento de salida del país contra el exmandatario por 18 meses, a fin de continuar con las investigaciones por el caso Odebrecht.
El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García salga de Perú es evitar que eluda el proceso, por considerar que había elementos suficientes que indicaban pagos de Odebrecht a favor de Alan García, además de cuestionamientos por el lugar de residencia del ex presidente, quien tiene dos inmuebles, uno en Lima y otro en Madrid.
Ante esta solicitud de impedimento de salida del país, Alan García había asegurado, a través de su abogado Erasmo Reyna, que se allanaba al pedido fiscal. “No es un deshonor estar 18 meses en mi patria, (esta decisión) la acato y estoy aquí, porque he sido presidente dos veces”, refirió en aquella oportunidad, horas antes de pedir asilo en la residencia del embajador de Uruguay en San Isidro.
El juez estimó que el pedido de solicitado por el Ministerio Público se ampara en el supuesto que la pena del delito es de más tres años y que, si bien el allanamiento a la medida por parte de la defensa legal de García Pérez es una figura civil y no penal, “forma parte del consentimiento a las razones expuestas por el fiscal”.
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