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Jorge Sánchez Herrera – Nómena ArquitecturaArquitecto/Urbanista jorge@nomena-arquitectos.com
Hace unos meses me di con la sorpresa de ver que mi brevete estaba vencido. Busqué los requisitos para la renovación en la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y luego el lugar más cercano a mi casa para dar el examen médico. Encontré un centro autorizado en Miraflores, casi en el cruce de las avenidas Aramburú y Arequipa. Luego de darme el costo del examen, tomarme la huella digital y hacerme esperar unos 20 minutos, el señor de la recepción me dijo: ‘¿Ya le explicaron cómo funciona, no? No es necesario que pase el examen, con su huella bajamos los datos de su brevete anterior’. ‘¿Entonces para qué me cobran 120 soles?’, pregunté. ‘Es el costo del trámite, y solo puede pagar en efectivo’, respondió.
Salí furioso del lugar pensando: ¿cómo pueden usar los datos de un brevete que saqué hace 15 años? Compartí la experiencia en mis redes, con la esperanza de encontrar un lugar donde sí pueda pasar el examen. Terminé en el mismo centro médico del Touring de Lince, luego de escabullirme entre un grupo de mafiosos que rondaban los exteriores, ofreciendo llevarme en un auto a un lugar cercano para pasar el examen ‘más rápido’.
Como ya es más que sabido luego del reportaje de El Comercio como parte de su campaña #Notepases, en el Perú, hasta un ciego puede obtener un brevete para manejar un bus de transporte público. Es más, como me sucedió a mí, resulta bastante más difícil intentar pasar el examen que hallar una forma de esquivarlo. El tema resulta indignante no solo por la mafia que se había enquistado dentro de centros autorizados por el mismo MTC, sino porque los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el país. Y resulta difícil llamar ‘accidentes’ a las casi 3.000 muertes causadas por la informalidad de los transportistas, la falta de fiscalización, el pésimo diseño vial o la complicidad del Estado al otorgar licencias de conducir.
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