El congresista Victor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró acertada la decisión del gobierno de Uruguay en rechazar el asilo diplomático solicitado por el ex presidente Alan García.
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“Odebrecht es un caso de corrupción tan comprobada, confesada y aceptada, que es muy difícil que un Estado que esté vinculado al tema Odebrecht pueda aceptar el asilo contra un gobierno que se sabe ha sido afectado tremendamente por la corrupción de Odebrecht. Me parece que Uruguay ha hecho lo que tenía que hacer”, sostuvo en enlace telefónico con RPP.
En este sentido, García Belaunde destacó que si bien la decisión uruguaya se distancia de su tradición en otorgar asilo, se “justifica plenamente” ya que el caso Odebrecht no es un hecho aislado sino una trama de corrupción a nivel internacional.
“Me parece que la decisión de ellos ha sido muy bien pensada de superar un poco o dejar de lado su tradición de asilo para imponer una política diferente porque se trata de una megacorrupción que afecta a nueve o diez países de Latinoamérica, entre estos, a ellos mismos. Han actuado de acuerdo a la realidad y a los hechos”, precisó.
Su colega de bancada, Yonhy Lescano, también calificó como algo positivo para la lucha contra la corrupción el rechazo al asilo solicitado por el líder aprista.
“Se ha probado contundentemente que Alan García no es un perseguido político porque si no le hubieran dado el asilo. […] Esa teoría de la persecución política está totalmente tirada al suelo y no tiene ningún fundamento”, manifestó en Canal N.
Para Yonhy Lescano, ahora corresponde al fiscal José Domingo Pérez—a cargo de las investigaciones a **Alan García**—, evaluar una solicitud de prisión preliminar contra el ex mandatario.
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“Se ha demostrado claramente que el señor Alan García ha querido eludir la acción de la justicia, fugarse del país indebidamente. […] Creo que las medidas del fiscal y las resoluciones del juez de detención preliminar y preventiva ya deben estar en camino”, comentó.
Alan García es investigado por la fiscalía por el presunto pago de coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno (2006-2011).
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