Desde el domingo, los peajes entre el Óvalo de Habich y el Trébol de Monterrico (Santa Anita, Ramiro Prialé, Monterrico, Separadora Industrial, El Pino, así como el túnel de la Línea Amarilla) subieron sus tarifas de S/5,30 a S/5,70 para vehículos livianos. Los vehículos pesados tienen este mismo aumento por cada eje.
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Este incremento, que ha sido motivo de conflicto entre el concesionario Línea Amarilla S.A.C. (Lamsac) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), ocasionó el desconcierto de los conductores. El aumento tarifario fue informado por la empresa el pasado jueves. Como respuesta, la MML emitió un comunicado.
‘La Municipalidad Metropolitana de Lima hace de público conocimiento que ha requerido al concesionario Línea Amarilla SAC para que de inmediato se abstenga de hacer efectivo el incremento de la tarifa de peaje’, dice el texto. De no hacerlo, advierte que aplicaría ‘las cláusulas del contrato de concesión destinadas a sancionar la inconducta contractual’.
Por su parte, Lamsac aseguró que este aumento de tarifa ‘está previsto dentro del contrato de concesión’ firmado entre el concesionario y la MML en el 2009. La empresa recordó que el incremento corresponde a un reajuste anual debido a la inflación y está contemplado en el contrato.
Peajes en la ciudad
La MML afirmó que se opone al aumento porque no fue notificada con la debida anticipación (10 días) e incluso se encuentra dentro de un proceso de arbitraje para bajar el precio del peaje (de S/5,30 a S/5,20).
‘También puede haber revisión del contrato por el concesionario y el municipio. Si no se ponen de acuerdo -como la manera en que se ha calculado el aumento de la tarifa-, se acude a un tribunal arbitral. Si en esa instancia no se ponen de acuerdo, el Congreso puede revisar el contrato’, explica Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.
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El especialista detalla que las asociaciones público privadas pueden ser positivas, pues permiten realizar obras viales sin necesidad de invertir el presupuesto público. Sin embargo, deben ser cuidadosamente fiscalizadas.
‘El problema, y no hablo solo de Línea Amarilla sino de muchas concesiones en el país, está en el momento de la suscripción del contrato. Correspondería a la Contraloría supervisar las condiciones del mismo, para asegurarse de que las condiciones sean favorables y estén al servicio de la comunidad’, dice Quispe Candia.
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