La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, consideró que el Ministerio Público no pudo sustentar ante la Corte Suprema del Poder Judicial sus motivos para haber establecido un plazo de investigación de hasta 36 meses contra la excandidata presidencial.
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“En ningún momento la fiscalía ha podido sustentar que, en este caso (con Keiko Fujimori) la investigación deba durar 36 meses […] Llevamos 30 meses investigados y, hasta el día de hoy, la Fiscalía no establece por qué debemos seguir en este proceso”, aseguró Loza ante la prensa.
La abogada de Keiko Fujimori participó, junto con la defensa de Mark Vitto, en la audiencia que se llevó esta mañana ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, para evaluar la casación que presentó la parte investigada para impedir que esta investigación por presunto lavado de activos sea incluida en la ley de crimen organizado.
Ante los cuestionamientos por presuntamente estar tratando de bloquear las investigaciones del Ministerio Público, la defensa de Keiko Fujimori aseguró que nunca se han opuesto al proceso, sino a los plazos.
“Si nosotros no quisiéramos ser investigados, hubiéramos pedido esto hace tiempo, pero ya llevamos 30 meses investigados”, comentó la abogada.
Giuliana Loza también cuestionó al Ministerio Público por haber citado, como parte de esta investigación, solo una vez a Keiko Fujimori y haber realizado solo tres diligencias en el caso del esposo de la ex candidata presidencial.
“La inactividad del Ministerio Público no depende de nosotros […] La señora Keiko Fujimori ha sido citada una sola vez en junio del 2016. Mark Vitto solo una vez y se hicieron dos diligencias relacionadas a la investigación”, detalló Giuliana Loza.
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema leerá su decisión sobre la casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori el 11 de octubre. Ese mismo día también se pronunciarán sobre la casación solicitada por el partido Fuerza Popular, que también ha sido incluido en la ley de crimen organizado para contar con un plazo de investigación de hasta 36 meses.
Cabe recordar que el juez supremo César San Martín se apartó del proceso para evaluar esta casación presentada por la lideresa de Fuerza Popular, para evitar que los cuestionamientos por la presunta falta de imparcialidad afecten la decisión que tome la Corte Suprema.
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