Un juez federal argentino citó hoy a declarar para el próximo 18 de septiembre a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de activos, conocida como la “Ruta del Dinero K (Kirchner)”, informaron fuentes judiciales.
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Esta decisión se da después de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires ordenara el 31 de agosto pasado al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación, la convocatoria a la actual senadora, que ya fue imputada en 2016 en este expediente por el fiscal Guillermo Marijuan.
En el caso hay una veintena de personas entre ellas el detenido empresario de la obra pública Lázaro Báez acusadas de cometer lavado de activos al haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
Esta citación se da en medio de una delicada situación judicial para Fernández, que está procesada en cinco causas la mayoría por corrupción y en febrero enfrentará su primer juicio oral, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
A pesar de que la “Ruta del Dinero K” lleva tiempo en los tribunales y Marijuan apuntó contra la expresidenta hace más de dos años, Casanello no aceptó hasta ahora avanzar en la investigación contra ella y citarla a declarar como imputada.
En su resolución de hoy, el juez cita las consideraciones vertidas por la Cámara que le ordenó convocarla, en las que se remarca la figura de Báez, acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.
Entre ellas, se destaca que el empresario, dueño del grupo Austral y cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fue el encargado de “brindar el entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.
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“Y también sacar fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera que se ocultará su origen”, añadió el alto tribunal.
“Se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández en estos últimos hechos”, agrega.
El caso mantiene a Báez en prisión y se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.
Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama.
Con información de EFE
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