El reciente asesinato de Olivia Arévalo (81) –lideresa shipibo-konibo, defensora de los derechos culturales y ambientales de su pueblo- ocurrido el último jueves 19 en Ucayali, se suma a una larga historia de ataques a líderes indígenas en nuestro país.
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‘El Estado en este momento no cuenta con una cifra oficial de líderes indígenas asesinados. Para empezar a solucionar este problema se deberían identificar estos casos, detectar a quienes están en peligro y conformar una estrategia de protección’, explica Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Para obtener esta información, se debe recurrir a instituciones del extranjero. Según la ONG británica Global Witness, dedicada a la lucha por los derechos humanos y ambientales, el año pasado ocho líderes indígenas fueron asesinados en el Perú. La misma institución detalla que del 2002 al 2017 se asesinó a 79 defensores ambientales en nuestro país.
Uno de los casos más recordados es el del líder asháninka de la comunidad Alto Tamaya-Saweto de Ucayali, Edwin Chota, quien murió el 2014 a manos de madereros ilegales. Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Melendez y Francisco Pinedo también fueron víctimas de estas mafias.
En enero pasado, el líder rondero José Napoleón Tarrillo fue asesinado por defender la reserva de Chaparrí (en la sierra de Lambayeque) de las mafias de tráfico de terrenos que invaden la zona.
‘En el Perú tenemos 55 pueblos indígenas: cuatro andinos y 51 amazónicos. Estos últimos pueden vivir en zonas muy alejadas en las que se han incrementado las actividades ilícitas, como la tala y minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico. Todas las actividades delictivas alrededor de estas -como la trata de personas- ponen en situación de vulnerabilidad a la población indígena’, afirma Abanto.
Además, al estar en lugares lejanos a las ciudades, las comunidades indígenas se encuentran desatendidas de servicios del Estado como la seguridad, la salud o el acceso a la justicia.
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‘Los líderes ambientales, culturales y sociales están en un especial peligro. Estas personas, involucradas en la defensa de sus derechos, necesitan una atención especial’.
La Defensoría plantea que los ministerios del Interior y Justicia desarrollen una estrategia conjunta para la protección de poblaciones vulnerables.
‘La ONU ha expresado su preocupación por el tema. Todos sabemos que en América Latina muere gente por defender sus derechos. No podemos seguir siendo indiferentes’, sostiene Abanto.
Cifra
583 defensores ambientales fueron asesinados el 2017 a nivel mundial. La mayoría en países como Brasil, Colombia, Filipinas y la India.
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