Fuente: Mongabay Latam / Autor: YVETTE SIERRA PRAELI
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El año 2017 dejó varias interrogantes abiertas sobre temas especialmente sensibles para el sector ambiental. ¿Podrán controlarse de manera efectiva la minería y la tala ilegal que avanzan en la Amazonía? ¿Tendrán los pueblos indígenas un papel más protagónico en la lucha por la conservación de sus territorios? Además, normas y leyes que están a la espera de su aprobación o que deben modificarse preocupan también a los expertos que Mongabay Latam consultó para ofrecer un panorama de lo que podemos esperar en Perú en el 2018. Aquí sus opiniones.
Pueblos indígenas y titulación de sus territorios
Dos son los temas que para los expertos son clave para el 2018: la titulación de las comunidades indígenas, que ha sido un gran pendiente del año que se fue y las mejoras en los procesos de consulta previa.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Para Ráez hay un desafío histórico que tiene que ver con crear zonas indígenas consolidadas, en convergencia geográfica y en territorios continuos de acuerdo a los grupos étnicos, similar al modelo colombiano que tiene zonas administrativas donde los indígenas pueden ser elegidos como autoridades. ‘Actualmente, las comunidades nativas disponen de territorios titulados demasiado pequeños y desconectados los unos de los otros’, explica Raez.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y líder indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
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En la misma línea que Ráez, para la lideresa ashaninka Ruth Buendía no solo es importante la titulación de las tierras para las comunidades indígenas, una reivindicación de los territorios ancestrales de decenas de comunidades. La Central Ashaninka del Río Ene espera este 2018 ir un paso más allá, ya que su organización ha solicitado la creación del Distrito Intercultural Amazónico del Ene – DIA ENE, con un gobierno autónomo del pueblo indígena asháninka del río Ene.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
‘Es tiempo de sincerar la agenda de la consulta previa, de la titulación pendiente y del financiamiento’, reclama Solano con relación a los desafíos que esperan para el 2018 a los pueblos indígenas. Otro desafío tiene que ver con la gestión de bosques con modelos económicos y sociales positivos sin disminuir su cobertura a través de herramientas como REDD indígena, el fondo climático verde y las concesiones forestales.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Para Ruiz Molleda el desafío más importante para el 2018 es consolidar los procesos de consulta previa. Considera que han sido muy pocos los procesos que se han realizado hasta ahora en el país. El abogado de IDL compara los avances sobre el tema en Colombia, país que ya ha realizado más de cuatro mil consultas entre los años 2013 y 2016, en cambio en Perú solo se ha llegado a un poco más de 30, menciona.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
Con relación a los pueblos indígenas, el procurador Guzmán considera que el reto consiste en hacer un mapeo general de las comunidades nativas tomando en cuenta cuántos son, a quiénes les corresponde cada territorio, cuánto solicitan de extensión y cuánto les corresponde. ‘Hay comunidades que piden cuatro veces la extensión que tienen, pero la pregunta es si realmente necesitan ese territorio’. Guzmán considera que el gran desafío es sanear la situación de las comunidades nativas. ‘Hay pueblos indígenas que reclaman con justa razón y otros se suman con otros intereses. Discriminar lo bueno de lo malo a veces el complicado’.
Bosques y deforestación
Enfrentar la deforestación y las actividades ilegales que la producen sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de enfrentar en el Perú. Por otro lado, el saneamiento del territorio y el ordenamiento forestal constituyen tareas pendientes por parte del Estado para superar varios de los problemas que afectan a la Amazonía.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
El gran tema —para Ruiz Molleda— es cómo armonizar la protección de los bosques con los derechos adquiridos de las comunidades indígenas. ‘Donde hay poblaciones indígenas hay menos deforestación’, señala el abogado de IDL en respuesta a la creencia de que son las comunidades indígenas las que depredan los bosques.
Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR.
Los desafíos están vinculados con la regulación, dice Monterroso. Explica que el Ministerio de Agricultura tiene pendiente la formalización de las áreas para uso forestal. Por otro lado, reclama una posición más activa del Serfor para resolver los problemas de traslapes de las comunidades nativas con otro tipo de derechos como los bosques de producción permanente (BPP). ‘Hay comunidades que cuentan con los fondos para titularse pero que no logran avanzar porque tienen problemas de traslape con BPP. En la investigación sobre pueblos indígenas que realiza la especialista de CIFOR, uno de los puntos claves consiste en que el gobierno peruano genere mecanismos para que las comunidades puedan beneficiarse de los recursos que extraen de los territorios que se están reconociendo.
Pedro Solano Morales, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
El director de SPDA señala que se debe fortalecer las capacidades forestales en los gobiernos regionales, puesto que son ellos a quienes se les han transferido las decisiones en este ámbito. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen una visión técnica para administrar su patrimonio forestal. ‘Ahí hay un pendiente muy grande’. La minería ilegal también es un tema que aún debe resolverse, pues a pesar de las interdicciones y de las normas ha seguido en aumento, declara Solano.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
‘Hay desafíos puntuales’, dice Ráez. El primero, según el ambientalista, es controlar los procesos de tráfico de tierras que, además, están cobrando vidas humanas. Un segundo desafío tiene que ver con el control de las actividades ilegales que destruyen y degradan bosques, es decir, la tala y la minería ilegal. ‘Seguimos sometidos a esta corrupción que nos traga’, sostiene.
Ruth Buendía Mestoquiari, activista ambiental y líder indígena, ganadora del Premio Goldman 2014.
Para Buendía el desafío para el 2018 tiene que ver con la lucha por la protección de los bosques. Sostiene que es necesario persuadir a las comunidades indígenas para emprender una lucha legal y evitar la deforestación del bosque, así como sensibilizar a las autoridades y responsables de controlar, vigilar y aplicar las leyes.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
El procurador se inclina por trabajar en el ordenamiento territorial. Manifiesta que corresponde al Ministerio de Agricultura terminar de hacer un mapeo de aptitud forestal en todo el Perú, que indique dónde se puede desarrollar agricultura y dónde no. ‘Actualmente, nuestra Amazonia está enfrentando grandes problemas por deforestación, la mayoría por monocultivos como palma aceitera y cacao’. Refiere que existe una gran presión sobre los bosques primarios y que el desafío es establecer los lugares que no deberían dedicarse a la agricultura y centrar esfuerzos para que no se permita el ingreso a las áreas de aptitud forestal.
Áreas naturales protegidas por definir
Un debate que se propone para el 2018 es la necesidad de establecer una relación más efectiva y coordinada entre los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas. Por otro lado, existen importantes reservas que siguen esperando la categorización definitiva como la zona reservada de Yaguas, que enfrenta riesgos de deforestación, minería ilegal y desaparición de fauna como la huangana, una especie que forma parte de la dieta de las comunidades que habitan la zona.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Un pendiente para Pedro Solano son las áreas naturales que aún no terminan de ser categorizadas a pesar de contar con toda la información técnica y científica para este fin. Pone como ejemplo la Zona Reservada de Yaguas, que pese a todo lo avanzado, aún no ha sido categorizada como parque nacional. Lo mismo sucede con la propuesta de creación de la zona reservada Mar Pacífico Tropical. ‘Espera su categorización desde el gobierno pasado. Todos reconocemos que es valiosa pero las empresas petroleras de la zona no quieren que se convierta en ANP’. Otros retos para el 2018 —según el experto— son consolidar la estrategia del sistema financiero, la defensa legal de las ANP, y la protección de los guardaparques que viven amenazados por la presencia de actividades ilegales.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Ruiz Molleda considera que es necesario un debate sobre la relación entre los pueblos indígenas y las áreas naturales protegidas (ANP). Señala que existen posiciones opuestas sobre este tema. Por un lado, aún existen sectores que mantienen la idea de que las áreas protegidas deberían ser naturaleza cercada mientras que otros apuestan por la cogestión. Para Ruiz Molleda lo que está en juego es qué concepción se tiene de las ANP. ‘Debemos reconocer los derechos de los pueblos indígenas y hacerlos cogestores de las ANP’, comenta.
Ernesto Ráez Luna, Miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
‘Expulsar a quienes realizan actividades ilegales en las áreas naturales protegidas es el desafío central y principal, creo yo’, asegura el experto, quien además comenta que en Perú hay por lo menos 18 áreas protegidas afectadas por minería ilegal.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
Un primer desafío, para Guzmán, consiste en hacer un saneamiento de las áreas naturales con las que cuenta el Perú y de la situación en la que se encuentra. ‘No sabemos lo que tenemos y no hemos mapeado sus problemas’. Un segundo reto es crear un marco regulatorio para las áreas de conservación privadas, que cuente con intervención del Estado para su protección. ‘No se trata solo de reconocer estos espacios, sino de entrelazar esfuerzos para su conservación y extenderles el marco de protección a través de la policía, la fiscalía, y de una normatividad adecuada’.
Políticas ambientales y las leyes pendientes Durante el 2017 una serie de leyes fueron criticadas por distintos expertos ambientales y representantes de pueblos indígenas. Desde el Congreso (las leyes para carreteras) hasta las medidas tomadas por el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, para el 2018, los expertos esperan avances, uno muy concreto, relacionado a la aprobación de la Ley Marco del Cambio Climático en el Congreso.
Carol Mora, especialista legal del Programa Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para Mora un desafío importante es la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, que está vinculada al Niño costero, al tema de riesgo de desastres y de la desglaciación. Agrega que el Ministerio del Ambiente debe asumir todas las funciones asociadas a la rectoría del cambio climático. Otro reto importante está relacionado al sector hídrico, es decir, a promover la canalización de recursos financieros orientados a mejorar la conformación de las cuencas, los niveles y calidad de agua y las inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. ‘El tema hídrico no solo se resume al agua potable, sino a la conservación de las cuencas’, concluye.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Sobre este tema, Ráez afirma que se necesita un gobierno que asuma con seriedad la importancia de la gestión ambiental en un país megadiverso como el Perú y en el contexto actual de cambio climático. Lamenta que ninguna de las fuerzas políticas del país tome en serio el tema ambiental. ‘Todas tienen defectos muy graves de conceptualización y definición del problema y de ignorancia supina en algunos casos’, agrega.
Juan Carlos Ruiz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Un pendiente importante es la sentencia de la Ley 30230, y los paquetazos normativos ambientales que se gestan en el Parlamento. ‘Hay varios en el Congreso’, dice Ruiz Molleda y agrega que sería una buena señal que esas normas se dejen de lado. También reclama por las represas que se planea construir en el río Marañón y la línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, que afectarían la Amazonía.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
‘La formalidad es uno de los desafíos más puntuales’, dice Guzmán en referencia a las actividades ilegales como la minería y la tala que afectan al país. Piensa que se está avanzando y se está mejorando pero que es necesario consolidar más el proceso de formalización, a todo nivel.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Para Solano es importante recuperar el rol político, educativo, y social del sector ambiente. ‘El tema ambiental no puede verse solo como un tema técnico, es ético, político, económico, social, dimensiones quisiera que sean más visibles en este sector’, dijo.
Biodiversidad y educación
Uno de los temas que han apuntado los expertos como un verdadero desafío es que a ciudadanía reconozco la importancia de conservar la biodiversidad y cambiar patrones de consumo.
Ernesto Ráez Luna, miembro de la Junta Directiva de Pronaturaleza y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
‘Los desafíos están relacionados con los patrones de consumo que estamos desarrollando como sociedad cada vez más de espaldas a la naturaleza’, comenta Ráez y pone como ejemplos el consumo de plásticos, de alimentos importados en lugar de nacionales, el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos en el cultivo de hortalizas y verduras. ‘Todo esto afecta a nuestra biodiversidad’. También considera como desafío los megaproyectos que ‘no tienen razón de ser, porque el negociado consiste en hacer un proyecto que no tiene que ver con el desarrollo’.
Pedro Solano, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Creo que el desafío en biodiversidad tiene que ver con el cumplimiento de la meta de Aichi para la diversidad biológica, un acuerdo de países para proteger su biodiversidad terrestre en 17 % y marina en 10 %, comenta Solano, quien señala que el plazo del pacto internacional se cumple en 2020.
Juan Carlos Ruíz Molleda, Coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Derecho Legal.
Para el abogado de IDL, implementar una solución integral para los derrames de petróleo es un tema pendiente. También considera que lograr la realización de consulta previa para los grandes proyectos mineros es un segundo tema a tomar en cuenta.
Julio César Guzmán Mendoza, Procurador Público Especializado en Delitos Ambientales.
El procurador considera un gran reto: que cada vez más peruanos entiendan y protejan la biodiversidad. Considera también que es en los colegios donde se debe empezar a hablar de biodiversidad, de su cuidado y a entender que debe haber un respeto irrestricto hacia ella. ‘El día que cada alumno que acabe la primaria tenga conciencia ambiental, ese día estaremos dando un paso gigante en la conservación de la fauna y la flora en el Perú.
Andina
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