El expresidente Ollanta Humala debe responder sobre el supuesto financiamiento de su campaña electoral con la que resultó elegido por parte de la empresa brasileña Odebrecht, quien habría entregado hasta tres millones de dólares a su esposa Nadine Heredia, afirmó hoy la congresista Marisa Glave.
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Según la revista Caretas, el propio exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, habría entregado a la exprimera Dama, esa cantidad de dinero en diversas reuniones.
Según El Comercio, el propio Barata en respuesta a un cuestionario del Ministerio Público, el dinero entregado a Heredia Alarcón estaba registrado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
Indicó Barata, que todas las entregas de dinero en efectivo a Nadine Heredia fueron realizados en un inmueble ubicado en la avenida Armendáriz del distrito de Miraflores.
Al respecto, Glave refirió en RPP que “por más que ella tenga responsabilidad, quien tenía la cabeza de gobierno y era jefe de Estado era Ollanta Humala y, por tanto, él tiene que responder por su gobierno por lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer’.
Eecto, explicó que más allá de esa acusación de entrega de dinero por parte de Odebrecht, existe un problema muy grande con respecto al financiamiento de partidos, debido a que durante una campaña electoral ‘se produce una guerra por quién consigue más aportes’.
‘Tenemos algunos países que son sorprendentes, como el caso de Brasil donde existen empresas que invierten en todas las campañas, pero todo aporte está registrado, aquí no tenemos un mecanismo de registro de este dinero’, anotó.
Dijo que en nuestro país cuando una campaña electoral se vuelve una ‘guerra del espectáculo’, si tenemos un problema, porque los partidos ‘terminan buscando dinero de manera desesperada’.
‘En el caso de lo que habrían entregado (para el Partido Nacionalista) no tenemos un registro bancario de cómo recibieron esos fondos’, agregó.
Respecto a las propuestas para transparentar el financiamiento de partidos políticos, incidió que debe existir un límite al gasto, aparte de que se bancaricen los aportes, para, de esta manera, ‘poder rastrear el dinero’.