El Gobierno declaró hoy en emergencia y dictó medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un periodo de 24 meses, al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo por el Congreso de la República.
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La medida publicada en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano indica entre sus objetivos el revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
La norma señala que la declaratoria para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el INPE obedece a razones de seguridad, salud, hacinamiento y a la deficiente infraestructura penitenciaria.
Refiere, asimismo, que las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia se centrarán principalmente en los ámbitos de salud, infraestructura, seguridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la gestión administrativa.
El decreto legislativo 1325 es suscrito por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski; el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.