El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el decreto legislativo que establece la denominada muerte civil para aquellos funcionarios que cometan delitos de corrupción, quienes quedarán inhabilitados definitivamente para trabajar en el Estado, confirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala.
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En conferencia de prensa, Zavala comentó que este decreto fue aprobado en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo por el Congreso.
‘Hemos aprobado el primer decreto legislativo dentro de las facultades otorgadas por el Congreso para modificar el Código Penal, a efectos de ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción’, manifestó.
Asimismo, Zavala informó que el Consejo de Ministros aprobó remitir al Parlamento un proyecto de reforma constitucional que plantea modificar el artículo 41 de la Constitución, a fin de regular la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
Muerte civil
Respecto a la muerte civil, la titular de Justicia, María Soledad Pérez Tello, explicó que para restringir el ingreso de condenados por delitos contra la administración pública al aparato público, propusieron reformar el Código Penal a fin de elevar de 2 años y máximo 20 la pena de inhabilitación principal por los ilícitos cometidos por funcionarios.
Asimismo, sugiere que quienes cometan colusión, cobro indebido, peculado de uso, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho, es decir, los comprendidos en el capítulo de delitos contra la administración pública, puedan ser susceptibles de inhabilitación perpetua.
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‘Ello para el caso de los siguientes supuestos: cuando se cometan contra el patrimonio del Estado, siempre que la gente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada por encargo de ella o contra programas con fines asistenciales o de desarrollo’, añadió.
La ministra agregó que adicionalmente crearán el registro único de condenados e inhabilitados, con el objetivo de evitar que este tipo de funcionario ‘entre o se recicle’ en la administración pública.
Imprescriptibilidad
Sobre la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, Pérez Tello explicó que en la actualidad existen tres proyectos en el Congreso que, de forma distinta, recogen la figura de imprescriptibilidad; pero en dos de ellas ‘no se ponen todos los supuestos penales’ en este tipo de ilícito.
Añadió que desde la variación de la Constitución, hasta que se dé la norma de desarrollo -que puede demorar de uno a dos meses-, no se duplicaría el plazo de prescripción, hecho que puede ser aprovechado por los malos funcionarios para insertarse en el aparato público.
‘Y podrían trabajar esos (malos) servidores de este gobierno, del próximo o del anterior, es decir, beneficiarse con ese vacío; este es el añadido que hacemos, sumándonos al espíritu de las propuestas normativas en curso para que los delitos sean imprescriptibles’, refirió.
Vía Andina
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