Representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los consorcios de corredores viales , cuyas operaciones fueron anuladas en abril (EcoExpress y TGA), fueron citados ayer por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
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A su salida, Arturo Aza, abogado de EcoExpress (uno de los consorcios que operaba la ruta Javier Prado-La Marina-Faucett), anunció que la empresa presentó el viernes pasado una solicitud para abrir un proceso de arbitraje contra la comuna limeña, ante el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica (PUCP). El consorcio TGA llevará adelante el mismo proceso en junio.
En un mes, calculó Aza, se instalará el Tribunal Arbitral que verá el caso y lo resolvería en un plazo de un año. Según dijo, EcoExpress exigirá una indemnización no menor de US$60 millones a Lima por los daños causados con la anulación del contrato, luego de 16 meses de operación. Sin embargo, este proceso no servirá para restituir en el futuro el servicio, ya definitivamente cancelado, lamentó Aza.
‘Hemos resuelto el contrato porque la municipalidad lo ha frustrado y además ha puesto a otra empresa a operar en el corredor. Entonces es imposible brindar el servicio con otra empresa ahí, que tiene sus propios acuerdos’.
La MML suplió los buses de los consorcios retirados (en Javier Prado-La Marina Faucett y en Tacna-GarcilasoArequipa) con unidades de otros concesionarios que también operaban las rutas.
Durante su presentación, Roxana Rocha, directora de Protransporte, recordó que el 2015 la comuna heredó de la gestión anterior estos contratos con serias deficiencias, que ‘atentaban contra los usuarios’ al no tener regulación tarifaria y ‘suponían altos riesgos fiscales’.
Asimismo, dijo, estos fueron aprobados sin la opinión favorable del MEF. En ese sentido, Giancarlo Marchesi, representante de dicho ministerio, explicó que esta es una exigencia establecida en la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), aprobada el 2008 y modificada en algunos puntos en el 2014.
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Sin embargo, Arturo Aza, rechazó esta afirmación. Explicó que cuando se aprobó su contrato en julio del 2013, todavía se mantenía vigente el artículo 9.3 de la Ley de APP, que señalaba que el MEF solo debía emitir opinión en casos y materias de su competencia.
Cronología
• Octubre 2015. El MEF señaló que los contratos de cinco corredores viales eran ‘nulos’ por carecer de su aprobación.
• Noviembre 2015. El MEF publica Decreto de Urgencia para revisar los contratos. Según la MML, todos los consorcios aceptaron el pedido.
• Enero 2016. El MEF halla 139 observaciones en los contratos. Frente a ello, la MML trabaja las adendas para subsanarlas.
• Abril 2016. El MEF declara como ‘no autosostenibles’ los contratos de los consorcios que no aceptaron firmar las adendas (entre ellos TGA y EcoExpress).
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