El consorcio Ecoexpress Javier Prado calificó de ‘lamentable’ la decisión de declarar nulo el contrato que les permitía prestar servicio en el corredor complementario Javier Prado – La Marina – Faucett y avizoró la ‘muerte’ de la reforma del transporte.
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Emilio Cillóniz, director del mencionado consorcio, criticó que, después de haber prestado servicio durante 15 meses, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) diga ahora que el contrato es nulo.
‘Cuando se aprobó la versión final del contrato en el 2013 (gestión de Susana Villarán) no existía la obligación de pasar esos contratos por el MEF. Ahora lo que se está haciendo esta administración municipal es aplicar una ley de manera retroactiva, lo que es inconstitucional’, sostuvo.
Aseguró que se ha pretendido obligar al consorcio a firmar una adenda que modificaba estructuralmente los fundamentos del contrato firmado, es decir que cambiaba las reglas de juego ‘ahora que ya tenemos 400 personas contratadas en planilla y que hemos invertido 35 millones de dólares’.
Cillóniz detalló que dicha adenda, que el consorcio no firmó, en vez de proteger la competitividad, relaja las obligaciones de la Municipalidad de Lima al permitirle un plazo de 24 meses más a los 12 que ya tuvo, para implementar el Sistema de Recaudo que es tan necesario para la buena marcha de la reforma.
Pero el meollo del asunto (a su juicio) es que la adenda en cuestión cambia la definición del equilibro del sistema, ya que antes Protransporte debía velar porque existan ingresos para sostenerlo y que este funcione, pero en adelante no importará si no se cubren los costos y como eso no será problema de Protransporte, lo más probable es que esto muera’, remarcó.
Adicionalmente, señaló, con la adenda se modifica la calificación de los ingresos que obtiene el sistema por la publicidad que se coloque tanto en paraderos como en los buses, considerándoos ahora como ‘recursos públicos’.
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En ese sentido, anotó que ese dinero que viene a ser entre el 3% y el 8% de los ingresos del sistema debería ser destinado a mejorarlo y eventualmente a reducir el precio de los pasajes en beneficio de los pasajeros. ‘Eso ya no será así’, apuntó.
‘La sensación que tengo es que nos han mecido durante 15 meses y que la Municipalidad de Lima nunca tuvo intención de implementar el sistema de transporte’, señaló.
Otro punto que es absolutamente inexplicable para Cillóniz, es que la comuna metropolitana le haya enviado una comunicación dando cuenta de que a partir de mañana no podrán operar más el corredor Javier Prado- La Marina- Faucett y que en ese documento se diga que no existe un contrato sino solo ‘un hecho con apariencia de acto jurídico o de contrato, por lo que no se genera ningún perjuicio’.
‘La pregunta entonces es qué hemos estado ejecutando durante estos 15 meses: La sensación es que nos han estado meciendo todo esos meses y que nunca tuvieron intención de implementar la reforma’, indicó.
Agregó que el consorcio al que representa considera que sí tiene un contrato vigente y que serán sus asesores legales los que decidan cuáles son los pasos a dar ante este panorama.
Consultado finalmente sobre cuál sería la intención de todas estas modificaciones, Cillóniz opinó que lo que se busca es proteger a Protransporte para evitar que en su momento sea demandada por los operadores y pierda los arbitrajes como sucedió en el caso de El Metropolitano.
