Para ello, refirió, se implementará el programa “Incuba Perú”, encargado de forjar el nacimiento de empresas de alta productividad, así como un programa de franquicias populares orientado a generar redes generadoras de empleo.
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De igual forma, Acuña Peralta se comprometió a impulsar el desarrollo de clusters, además de un programa de formalización (con suspensión del Impuesto a la Renta por 3 años), capacitación en gestión empresarial, y un programa de creación de parques tecnológicos e industriales.
En su presentación en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2015, dijo que no venía a hacer promesas coloridas o irresponsables, y aseguró que en un eventual gobierno suyo la prioridad sería el desarrollo humano.
Dicho aspecto, remarcó el candidato, se lograría con un crecimiento económico que llegue a más peruanos y con competitividad.
“El verdadero reto de crecer es hacerlo de manera vigorosa y sostenible en las próximas dos décadas, se requiere una economía resistente, una política económica contracíclica, eficaz, oportuna, debe haber libertad económica, no libertinaje ni abuso del más chico ni un estado mercantilista”, añadió.
Asimismo consideró que sus objetivos estratégicos de llegar a la Presidencia serán lograr un crecimiento sostenible e inclusivo y fortalecer la gobernabilidad con una profunda reforma del estado que ponga el aparato público al servicio ciudadano.
De igual forma, brindar educación de calidad, para lo cual destinará el seis por ciento del PBI, servicios básicos de calidad, garantizar seguridad ciudadana y paz social, y un acceso ágil a una verdadera justicia.
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“Será difícil crecer a seis y siete por ciento. Quiero desterrar promesas de garantizar un crecimiento de seis por ciento o la generación de un millón y medio de empleos, los peruanos están hartos de promesas”, dijo.
También se comprometió a desburocratizar el Estado y modernizarlo, institucionalizar la carrera pública y llevar adelante una gran reforma encabezada por el Ceplan, cuyo titular tendrían rango de ministro.
Además, refirió que “resucitará” el Consejo Nacional de Descentralización e instituirá la muerte civil para funcionarios sentenciados por corrupción.
