El presidente Ollanta Humala, aseguró el viernes que no dará “ni un sol a terrucos (terroristas)”, así se lo mande la Corte-IDH, en momentos en que el estado peruano espera una sentencia referida a presuntas ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros en 1997.
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“Lo que le puedo decir a la corte (Interamericana de Derechos Humanos) y al país, es que no voy a dar ni un sol (moneda peruana), no voy a soltar ni un sol, a los terrucos ni a sus familiares”, dijo Humala a la prensa.
“El estado no va a pagar ni un sol, así me lo mande la corte. No voy a pagarle plata a los que asesinaron a nuestras familias y enlutaron al país”, agregó el presidente, un exmilitar que luchó contra las guerrillas en 1990.
Los comentarios de Humala se dan luego de que el flamante miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista peruano Francisco Egiguren, consideró que el país podría perder el caso, cuya sentencia se conocería este año.
En una operación militar el 22 de abril de 1997, que el entonces presidente Alberto Fujimori denominó “Chavín de Huantar”, un comando de militares peruanos recuperó la residencia del embajador del Japón en Lima, que había sido tomada por 14 miembros de la organización Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el 17 de diciembre de 1996.
La operación, que puso fin al cautiverio de 72 rehenes, dejó 17 muertos, entre ellos un rehén, dos militares y los 14 guerrilleros del grupo guevarista MRTA.
Según organizaciones de derechos humanos, tres de ellos fueron ejecutados cuando ya estaban rendidos.
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Familiares de los secuestradores denunciaron en 2002 que hubo ejecución extrajudicial, pero la justicia desestimó la demanda en 2004. El caso llegó entonces a la CIDH, con sede en Washington, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que lo derivó a la Corte-IDH.
Perú rechazó en 2012 el calificativo de “grupo insurgente” que la CIDH le dio al MRTA en diciembre del 2011, al explicar los motivos por el que elevó el caso a la Corte, con sede en San José.
“Pretendemos que se señale si hubo o no violaciones del derecho a la vida y si el estado permitió una debida investigación. Cuestionamos que, desde nuestro punto de vista, habiendo rendidos, se haya violentado el derecho a la vida de estas personas”, dijo el viernes a canal N la abogada de DDHH, Gloria Cano, que representa a los familiares.
