El Gobierno planteó al Congreso siete medidas para fortalecer la seguridad ciudadana, y la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a través de un proyecto de ley por el cual solicita la delegación de facultades en esta materia.
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La iniciativa legislativa, que contempla un periodo de vigencia de 120 días calendario, lleva la rúbrica del Presidente Ollanta Humala Tasso, y del jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano Bellido.
Como primer punto, el Ejecutivo considera fortalecer la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.
Asimismo se contempla una mayor supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como, de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.
De igual manera, fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radio comunicación, y potenciar la capacidad operativa, organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional.
El quinto punto tiene que ver con promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; mejorar el marco regulatorio de la delincuencia juvenil.
Además, se buscará optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.
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Igualmente, se trabajará en el fortalecimiento del sistema de defensa jurídica con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.
Con la aprobación de las facultades solicitadas en el proyecto, señala el Ejecutivo, se obtendrá como beneficio directo la reducción de la inseguridad, violencia, delincuencia y el crimen organizado.
A su vez, se reforzará la operatividad policial con mecanismos de coordinación estrecha entre las entidades involucradas para implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.
Las actividades previstas en el proyecto se financiarán con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas.
El proyecto propone la modificación de diversos cuerpos normativos como el Código Penal, Código Procesal Penal, entre otros, así como la propuesta integral de normas que posibilitarán concentrar esfuerzos de los sectores involucrados.
