El ministro de Economía y Finanzas , Alonso Segura , aseguró que ‘no hay marcha atrás’ en la nueva ley laboral juvenil , y subrayó que el gobierno tiene la convicción de que contribuirá a mejorar el futuro de este sector de la población peruana.
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“No hay marcha atrás, estamos difundiendo los beneficios, es una ley vigente, que tiene que reglamentarse (…)”, afirmó.
Segura destacó que la norma fue aprobada con un amplio consenso inicial en el Congreso, y lamentó que por razones políticas algunas bancadas hayan cambiado su posición inicial de respaldo.
Asimismo, criticó que sectores estén incitando a los jóvenes a salir a protestar en las calles, cuando una actitud correcta sería impulsarlos a informarse primero sobre la naturaleza y los efectos de la ley.
‘No es lo mismo escuchar a la calle, que incitar a salir a la calle y no difundir los beneficios de esta norma (…) Cada bancada tiene que ser responsable y consecuente con lo que vota; después veremos qué pasa’, subrayó en el programa Agenda Política de Canal N.
Que asuman responsabilidad
Sostuvo que si la oposición quiere derogarla, entonces deberá asumir su responsabilidad, porque ello sí perjudicaría el acceso de los jóvenes a un puesto de trabajo.
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En ese marco, acusó a la oposición de querer ‘matar políticamente esta ley’, y pidió a los sectores políticos como el fujimorismo o parte del Partido Aprista, que en un primer momento respaldaron con su voto la norma a ser consecuentes con esa actitud y respaldar esta reforma.
“Quieren matarla políticamente porque están pensando suponemos en votos; esa no es la manera de construir país”, añadió.
Sobre la posibilidad de que los partidos de oposición logren reunir los votos para derogar la ley, reiteró que sería una medida con un objetivo político.
“Nuestra función es ayudar a los jóvenes a tener un mejor futuro y esta ley lo hace; si otras bancadas quieren, por razones políticas, perjudicar a los jóvenes, es su prerrogativa”, aseveró.
¿La ley ayudará?
El ministro dijo estar convencido que esta ley propiciará el acceso a los jóvenes de trabajo, especialmente a los menos capacitados, sin recortar derechos a los que ya lo tienen, y menos propiciar el abuso de las empresas.
Señaló que la propia norma establece una serie de ‘candados’ y sanciones, que desalientan a las empresas a despedir trabajadores para reemplazarlos por jóvenes de 18 a 24 años.
Anotó que en el Perú existen dos millones y medio de jóvenes en esta edad, de los cuales menos del 10 por ciento están en el sistema formal, con todos sus derechos; un 25 por ciento en micro y pequeñas empresas, solo con algunos beneficios; pero un 65 por ciento son desempleados, subempleados o independientes.
