Dificultades en la comunicación sobre el funcionamiento de los corredores viales y en el cumplimiento de las exigencias del contrato de concesión por parte de los consorcios ganadores de la operación, son las principales amenazas para el éxito de su implementación como parte de la reforma del transporte en Lima.
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Así lo sostuvo Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ambar, quien afirmó que si bien respalda dicha reforma, que apunta a brindar un transporte urbano seguro, rápido y cómodo, observó que existen problemas en ámbitos interno y externo en el funcionamiento de los corredores.
“A todos nos interesa que la reforma del transporte funcione bien y por eso se deben realizar las correcciones que sean necesarias, con transparencia y de la mejor forma, a fin de que la ciudadanía sea la mayor beneficiada con este servicio público”, manifestó.
En el ámbito interno, señaló a la agencia Andina que los usuarios carecen de información detallada y oportuna, pese a la existencia de orientadores y de distribución de material impreso, lo cual devino en desorden e incertidumbre al inicio de la fase de pruebas del eje Tacna-Garcilaso-Arequipa.
A un mes de haberse iniciado la etapa de pruebas y frente a la circulación diaria de las unidades de lunes a viernes, a partir de mañana, la población todavía desconoce detalles de la reestructuración de rutas no autorizadas, cuáles serán las rutas retiradas en definitiva, así como las rutas alimentadoras y sus paraderos, entre otros aspectos, anotó.
Similar situación viene ocurriendo con el corredor Javier Prado-La Marina-Faucett, pese a que faltan pocas semanas para su lanzamiento. La experiencia aprendida con el primer corredor debería servir para afinar el tema comunicacional previo a la puesta en marcha del segundo eje vial, opinó.
Insuficientes buses
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Quispe Candia indicó que otro problema interno tiene que ver con la insuficiente flota de buses para atender la demanda. En ese sentido, explicó que de acuerdo al contrato de concesión, los consorcios deben ser propietarios de las unidades y si bien pueden operar con buses usados, la renovación debe hacerse a razón de un 20% por año.
Recordó que los consorcio ganadores (TGA y Arequipa) se constituyeron con empresas que ya operaban por la ruta del primer corredor y las cuales no son dueñas de su flota vehicular, porque en su mayoría las unidades pertenecen a una persona particular.
En ese contexto, los consorcios comprometieron a los dueños de los buses a que les transfieran la propiedad de dichas unidades a cambio de formar parte de la nueva organización empresarial como accionistas en caso de ganar la licitación, anotó.
Al parecer la formalización de esa transferencia de propiedad no se ha cumplido a cabalidad pese al compromiso asumido por los dueños de las unidades, lo que explica la insuficiente flota de los consorcios ganadores de la concesión para satisfacer la demanda en el Corredor Azul, agregó.
Además, dijo, se puede notar que en el primer mes de prueba varios buses azules circulan de lunes a viernes por rutas distintas al corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, lo que indicaría que continúan bajo propiedad de personas particulares y no en manos de los consorcios que operan dicho eje vial.
Para resolver el problema de insuficiente flota, Quispe Candia planteó dos caminos. El primero tiene que ver con la transferencia de las unidades usadas mediante una compra-venta u otra modalidad entre el propietario y el consorcio. La segunda vía es comprar una flota nueva mediante un crédito bancario con la garantía de los diez años de la concesión ganada para cumplir con el pago del financiamiento.
Falta autoridad única en transporte
En el ámbito externo, el presidente de Luz Ambar sostuvo que persiste la falta de una autoridad única que se encargue del transporte en Lima y Callao.
“Hemos dicho reiteradas veces que se debe crear esta instancia porque la implementación de los corredores y la reforma del transporte impulsados por el municipio metropolitano ha generado un conflicto con los transportistas del Callao, quienes han anunciado que harán prevalecer por la vía judicial o arbitral las autorizaciones que tienen para circular por Lima”, expresó.
Recordó que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los municipios provinciales pueden otorgar autorizaciones o concesiones para el servicio de transporte urbano, por lo que si los transportistas del Callao obtienen alguna sentencia judicial o laudo arbitral a su favor, volverán a circular por las rutas que se superponen a los corredores y de esa manera harían peligrar su implementación.
Quispe Candia dijo que en caso las autoridades de Lima y el Callao no logren ponerse de acuerdo en la creación de una gestión común del transporte, corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumir el rol de autoridad unificada para dar las medidas necesarias a fin de ordenar el transporte en ambas jurisdicciones con continuidad geográfica.
