Las personas vinculadas a la minería ilegal en la región selvática de Madre de Dios, en el sureste de Perú, se redujeron de 30.000 a 15.000 en los últimos ocho meses debido a las acciones de control en la zona, afirmó hoy el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti.
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“Cuando asumí el cargo de alto comisionado (en septiembre del año pasado), habían 30.000 personas dedicadas en forma directa e indirecta a la minería ilegal, en enero esta cifra se redujo a 20.000 y en la actualidad se sitúa entre 12.000 a 15.000”, declaró Urresti a la agencia estatal Andina.
La minería ilegal emplea jornaleros, que trabajan en condiciones inseguras, en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Además, en los alrededores de los campamentos se han establecido bares, tiendas, hostales y restaurantes, donde se ha denunciado la existencia de mafias de trata de personas y explotación sexual infantil.
La mayoría de los trabajadores que se trasladan a esta zona provienen de las vecinas regiones de Puno, Cuzco, Tacna y Arequipa.
“Muchas de estas personas han decidido abandonar este tipo de trabajos y retornar a sus lugares de origen porque ya tiraron la toalla ante los constantes operativos de interdicción realizados por el Gobierno”, comentó el alto comisionado.
Urresti informó que el Programa Especial para el Desarrollo de Madre de Dios considera la ejecución de proyectos orientados a promover actividades alternas, como el turismo y planes de negocios de castaña, para absorber la mano de obra disponible una vez que se erradique la minería ilegal.
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En Madre de Dios se vive la fiebre del oro por el incremento del precio de ese metal, la cual ha traído consigo delitos como la trata de personas y la prostitución, además de la tala de los bosques y la contaminación del ecosistema.
En 2011, el Gobierno peruano anunció una política de tolerancia cero con la minería ilegal e inició acciones de interdicción de maquinaria pesada, combustible e insumos, lo que ocasionó protestas de los mineros.
Esta semana, policías y militares destruyeron diversas maquinarias utilizadas para la minería ilegal en el Sector Mega 14 de La Pampa, donde se dinamitaron “48 motores, 33 plataformas de procesamiento de minerales o tolvas, 52 dragas, 1.152 metros de alfombras de filtro y 2.370 galones de combustibles”.
En La Pampa, ubicada a ocho kilómetros de la Reserva Nacional de Tambopata, una de las que alberga la mayor diversidad del país, se levantan campamentos clandestinos con plásticos y palos con la finalidad de extraer el oro de los ríos.
La Fiscalía detalló que la operación demandó “un gran despliegue de helicópteros”, 1.000 integrantes de la fuerza pública y 18 fiscales especializados.
